En busca de la verdad
En busca de la verdad
Después de habilitar el concurso para vender las acciones en la principal transportadora eléctrica del país, Economía resolvió que 16 proyectos prioritarios se ejecuten mediante concesión.
El Gobierno dio un paso en su plan para ampliar el sistema de transporte de energía eléctrica en todo el país para evitar futuros cortes de luz masivos. Son 16 obras, con una inversión estimada por US$6600 millones y que serán financiadas de manera total por el sector privado.
Lo hizo mediante el decreto 921/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Así, y en el marco de la emergencia energética, vigente hasta julio de 2026, habilitó la ejecución de 16 obras prioritarias bajo el régimen de concesión de obra, lo que implica que empresas podrán construir, operar y mantener la infraestructura eléctrica, sin comprometer recursos del Estado.
El objetivo de esas obras, que incluyen el tendido de más de 5600 kilómetros, es "mitigar riesgos de cortes de suministro, robustecer la red eléctrica nacional y resolver cuellos de botella estructurales que hoy limitan el transporte de energía desde los centros de generación hacia los centros de consumo".
Ya en julio, el Gobierno había definido que de esas 16 obras prioritarias, buscaría avanzar con las tres primeras: AMBA I, donde se concentra el 40% del consumo eléctrico nacional; y dos líneas de trasmisión de 500kV, que unirán las provincias de Mendoza y de Chubut con la de Buenos Aires para reforzar el sistema interconectado.
El decreto estableció que las obras de ampliación del transporte eléctrico definidas como prioritarias se llevarán adelante mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales, bajo la Ley de Concesión de Obra.
De esta manera, indicó el ministro de Economía, Luis Caputo, el sector privado podrá encargarse de la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura.
El decreto delegó en la Secretaría de Energía la ejecución de todo el proceso licitatorio: desde la aprobación de los pliegos, la convocatoria, la evaluación de ofertas y la adjudicación de los contratos. Por su parte, el Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación y control.
Desde Energía remarcaron que con esta medida "el Gobierno avanza en la normalización del sector eléctrico, crea las condiciones para destrabar inversiones postergadas y fortalece un sistema de transporte que es clave para la seguridad energética, el desarrollo productivo y la reducción de restricciones que afectan a usuarios, industrias y regiones del país".
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