En busca de la verdad
En busca de la verdad
Los abogados del Ejecutivo no brindaron información sobre funcionarios ni exfuncionarios.
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En el marco del juicio por la expropiación de YPF, el Gobierno argentino solicitó formalmente a la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que reconsidere su orden de entregar conversaciones privadas y otros registros de comunicación del actual ministro de Economía, Luis Caputo, su antecesor Sergio Massa y otros funcionarios actuales y pasados.
La medida había sido dispuesta por Preska a pedido de los fondos demandantes, como Burford Capital, que impulsan una indemnización de USD 16.100 millones contra el país. La jueza había avalado el acceso a chats de WhatsApp y documentación confidencial como parte del proceso de discovery, lo que generó una fuerte reacción del Gobierno argentino.
En un escrito presentado ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, el país reiteró su voluntad de investigar el ingreso de los Eskenazi a la petrolera. Si se prueba que hubo encubrimiento, podría avanzar con nuevas acciones.
En su presentación, Argentina argumentó que no puede cumplir con el requerimiento debido a que no posee los dispositivos personales de los funcionarios involucrados, ya que estos no pertenecen al Estado. Además, calificó la orden como "inédita" y advirtió sobre las implicancias que podría tener en términos de privacidad e institucionalidad.
Desde la Procuración del Tesoro, ya se había anticipado que se evaluaban pasos a seguir, al considerar que se trata de una maniobra "sin precedentes". Con este nuevo escrito, la Argentina busca frenar lo que considera una intromisión injustificada en las comunicaciones personales de altos cargos políticos, tanto de la actual gestión como de la anterior.
La causa por YPF sigue su curso en la justicia estadounidense, mientras el Gobierno intenta reducir los riesgos económicos y diplomáticos que podría implicar una eventual sentencia en contra.
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