¿El Estado argentino va a perder el 51% de las acciones que tiene en su poder de YPF, una de las empresas más importantes del país, locomotora del boom de Vaca Muerta y cabeza de las exportaciones de gas que vendrán?

Sí, según el saber y entender de Loretta Preska, la jueza a cargo de la corte del Distrito Sur de Nueva York, EEUU, que hace 10 años lleva adelante el juicio por la expropiación de la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidente. El fallo es inédito, pero contundente. Habrá apelaciones y, esperan los demandantes, negociaciones en el medio.

En 2023, Preska condenó a Argentina por mala praxis expropiatoria a pagar USD 16.000 millones, cifra que ya sumó USD 1.000 de intereses. A grandes rasgos, la jueza determinó que el gobierno kirchnerista realizó mal el proceso por el cual se le pagó USD 5.000 millones a la española Repsol, operadora de la empresa hasta el momento, y se ignoró a los demás accionistas. Más allá de la conveniencia política y hasta económica de expropiar, se hizo mal.

Otro hecho muy relevante dentro de este intríngulis judicial sucedió ayer lunes, cuando la magistrada le ordenó al país entregarle las acciones que tiene en la empresa (51%) a Burford Capital, el bufete inglés experto en litigios internacionales, que es el principal beneficiario del fallo y adjudicatario de la mayoría de la condena multimillonaria.

La jueza de Nueva York Loretta Preska

¿Y ahora, cómo sigue la causa para Argentina?

Qué dijo Preska

Tres párrafos del fallo de ayer:

    "Si bien la República exige que este Tribunal extienda la cortesía, al mismo tiempo se niega a hacer cualquier esfuerzo para cumplir la sentencia no suspendida del Tribunal".
    "La República tiene varias opciones que puede perseguir legalmente: recibir el permiso del Congreso Nacional por dos tercios de los votos (para transferir las acciones de YPF), tomar medidas para cambiar la ley, o cumplir con la sentencia a través de un acuerdo separado con los demandantes".
    "Por las razones expuestas anteriormente, la moción de los demandantes es CONCEDIDA. La República deberá transferir sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM [Bank of New York Mellon] en Nueva York dentro de los 14 días a partir de la fecha de esta orden; e instruir a BNYM para iniciar una transferencia de los intereses de propiedad de la República en sus acciones clase D de YPF a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta".

La jueza está "enojada" con Argentina. No está conforme con los esfuerzos que hace y, eventualmente, quiere que se negocie con Burford. Ninguno de los cuatro presidentes argentinos que atravesaron esta causa, incluido Javier Milei, hasta el momento, se sentaron a entablar algún tipo de negociación -o diálogo- con Burford, ni antes de que tuviera sentencia favorable, ni después.

Apelación

El presidente Javier Milei lo adelantó ayer por la tarde por X: Argentina apelará. Lo hará rápido porque Preska dio 14 días para entregar las acciones.

La acción de la petrolera, ayer

Milei insultó a Axel Kicillof, actual gobernador bonaerense. Es "un fallo contra Kicillof", dijo el Presidente. "Se trata de un disparate jurídico y de una intolerable intromisión sobre nuestra soberanía", argumentó quien fue cabeza operativa de la expropiación, hace 13 años.

Seguramente con la apelación, la Argentina presentará un "stay", o un pedido para que quede sin efecto la decisión. Se lo pedirá a la propia jueza o a la cámara de apelaciones y solicitará que no haya embargos. Para hacer lugar a ese pedido, es posible que la jueza exija una garantía, que podría rondar los USD 10.000 millones, según Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, y especialista en el caso.

La Argentina se negó a fines del año pasado a poner este tipo de garantías: no tiene fondos o activos para hacerlo.

"Sería deseable que la propia jueza suspenda los efectos de su fallo. Si no pasa, la Argentina quedará en situación de tener que aceptar o no la orden de un juez. Sería esperable que rápidamente, en días, se entre en una suerte de estado de 'hibernación' de este fallo hasta que la cámara decida", destacó una fuente vinculada con el caso.

"Para no estar en desacato hay que acatar la orden: pagar USD 16.000 millones o arreglar con Burford. Pero sería ridículo porque está la decisión de la cámara pendiente y también la apelación de la cuestión de fondo", agregó.