Prevén boom de recaudación por uso de dólares del colchón y Javier Milei advierte: "No son delincuentes"
El gobierno de Javier Milei planea un ambicioso giro estratégico para impulsar la economía argentina: movilizar los miles de millones de dólares atesorados fuera del sistema financiero, conocidos popularmente como "dólares del colchón". La iniciativa, que busca generar crecimiento genuino y aumentar la recaudación sin recurrir a la emisión monetaria ni a la subida de impuestos, se basa en un mensaje claro y directo a los ahorristas: el gobierno no perseguirá ni expropiará sus fondos.
En un contexto marcado por décadas de inestabilidad económica y desconfianza en las políticas estatales, el presidente Milei busca capitalizar la imagen de protector de los ahorros privados, consolidada desde sus primeras declaraciones en el foro del Llao Llao, donde calificó de "héroes" a quienes resguardaron sus divisas de las recurrentes expropiaciones.
Ahora, tras un año y medio de gestión, Milei extiende un llamado directo a esos ahorristas, invitándolos a invertir o realizar compras en blanco con sus dólares "en negro", bajo la promesa de no enfrentar interrogatorios ni sanciones por parte del fisco. "No haremos preguntas", reitera el ministro de Economía, Luis Caputo, artífice clave de esta estrategia.
El gobierno apuesta a que esta garantía de impunidad incentivará a los ciudadanos a sacar sus ahorros, acumulados a lo largo de décadas, del resguardo doméstico. La drástica devaluación del peso frente al dólar en los últimos 25 años - un asombroso 119.900% - ha generado una cultura de refugio en la divisa estadounidense, dificultando la monetización de la economía.
El optimismo oficial se basa en la percepción de que la inflación está siendo controlada y que, para mediados del próximo año, el costo de vida mensual se situará por debajo del 1%. Con este escenario de mayor estabilidad, el gobierno busca pasar a una nueva fase: impulsar el crecimiento económico.
"No vamos a perseguir a nadie", insiste Caputo, convencido de que esta señal de confianza permitirá nutrir de liquidez la economía en su fase de expansión. El gobierno proyecta un crecimiento económico de hasta el 7% para este año y un ritmo anual del 4% a partir de 2026.
La administración Milei estima que esta iniciativa podría generar un aumento en la recaudación de al menos u$s2.000 millones en lo que resta del año. Estos fondos, equivalentes a más de 2,4 billones de pesos, contribuirían a sostener el superávit fiscal primario, considerado uno de los mayores logros del gobierno.
En este sentido, el discurso oficial se ha endurecido en defensa de quienes optaron por sacar sus dólares del sistema financiero. "No son delincuentes", afirma Milei, argumentando que son "personas que pudieron escapar de las garras del Estado" y protegerse de la inflación causada por la emisión monetaria de gobiernos anteriores.
Para disipar cualquier temor, Milei reitera su promesa de no aumentar los impuestos ni implementar blanqueos de capitales. El reciente despido de la titular de ARCA, Florencia Misrahi, tras su declaración sobre la posible solicitud de información a streamers y youtubers, es presentado como un claro ejemplo del compromiso del gobierno con la protección de los ahorristas.
El gobierno estima que la cantidad de dólares atesorados en el país oscila entre 200.000 y 400.000 millones. Milei sostiene que la remonetización de la economía, facilitada por la circulación de estos dólares, no requerirá de emisión monetaria, representando una "ganancia" neta.
El modelo económico se basa en el aumento de la recaudación a través del IVA generado por la compra de bienes y servicios con los dólares que actualmente permanecen inactivos. Con esta lógica, el gobierno busca consolidar el ancla fiscal, considerada una pieza clave de su programa económico.
Caputo enfatiza la necesidad de acelerar la remonetización en dólares, señalando que el nivel actual de monetización de la economía argentina (6%) es "bajísimo" y se ubicaba en un preocupante 2,5% al asumir el gobierno.
Ahora, la implementación de esta medida, potencialmente disruptiva, queda en manos de ARCA y otros organismos, quienes deberán definir los mecanismos para garantizar que los ahorristas puedan utilizar sus dólares sin temor a la persecución fiscal, marcando un nuevo capítulo en la compleja relación entre los argentinos y la divisa estadounidense.