La decisión busca reducir la burocracia y reordenar los recursos hacia políticas más efectivas para el país.
El presidente Javier Milei anunció este 26 de noviembre de 2024, mediante el decreto 8464/24, la disolución de cinco fondos fiduciarios considerados ineficientes.
Publicado en el Boletín Oficial, el decreto forma parte de una estrategia de reordenamiento del gasto público y simplificación del aparato estatal. Esto muestra el compromiso del Gobierno de reducir la burocracia y priorizar políticas que generen resultados concretos.
Los cinco fondos disueltos incluyen:
Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE): destinado a promover emprendimientos, pero con resultados marginales y un alto costo de gestión.
Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria: una herramienta que no logró reducir significativamente el déficit habitacional.
Fondo Fiduciario Público del Programa de Inversiones Estratégicas: orientado a proyectos de inversión con baja ejecución y escaso impacto.
Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata: criticado por su falta de transparencia y efectividad.
Fondo Fiduciario del Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA): que no logró mejorar las condiciones del sector azucarero de manera tangible.
El Gobierno justificó la medida argumentando que estos fondos no cumplían con sus objetivos de manera eficiente, generando costos elevados y una burocracia innecesaria.
Las funciones que aún sean relevantes serán reasignadas a áreas más efectivas dentro del Estado, garantizando la continuidad de las acciones esenciales sin el peso de estructuras costosas.
Este enfoque busca priorizar el uso responsable de los recursos públicos. Evitando así la dispersión de fondos en programas que no reportaban beneficios significativos para la población.
Desde la administración Milei destacaron que la eliminación de estos cinco fondos fiduciarios responde a la necesidad de un Estado más ágil, transparente y centrado. Poniendo así el foco en las verdaderas prioridades de los ciudadanos.
Al reorientar los recursos hacia áreas más críticas, se espera mejorar la calidad de los servicios estatales y reducir el déficit fiscal.
Esta medida representa un paso hacia un modelo de gestión pública más eficiente, coherente con el compromiso del Gobierno de poner fin a las estructuras ineficaces. Además, la medida busca promover un uso racional del presupuesto nacional. (La Derecha Diario)