Desde su llegada al poder la gestión de Javier Milei colocó en la mira los números en rojo de las empresas públicas pertenecientes al Estado Nacional y avanzó con su plan para privatizar alguna de estas: tras la aprobación de la Ley de Bases cuatro firmas quedaron sujetas a privatización y otras cuatro en la misma situación o concesión.

Aunque en estos meses el foco estuvo puesto en las empresas de la órbita nacional como Aerolíneas Argentinas, una realidad similar ocurre en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en donde las firmas que pertenecen al gobierno bonaerense también presentan números en rojo: según pudo saber TN en base a fuentes oficiales e informes de la oposición, el déficit de las compañías que dependen de la gestión de Axel Kicillof ascendió en 2023 a más de $56.000 millones y debieron recibir una multimillonaria asistencia para poder funcionar.

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA); Buenos Aires Gas (BAG S.A.); Autopistas Buenos Aires (AUBASA) y el ente descentralizado Astillero Río Santiago expusieron números deficitarios que obligaron a las autoridades provinciales a tapar baches con inyección de dinero. En este punto, cada administración tiene una visión diferente: en la Casa Rosada entienden que el dinero que el Estado inyecta en empresas nacionales altera el equilibrio fiscal y, en cambio, para Kicillof sostener estas firmas significa prestar servicios para sectores vulnerables o que el Estado intervenga para evitar abusos de poder.

Los números en rojo de las empresas de la Provincia

Según pudo saber TN, ABSA, empresa bonaerense dedicada a la potabilización, transporte y distribución de agua potable cerró el 2023 con un déficit que ascendió a -$25.907.078.047, por lo que la empresa debió recibir un salvataje con aportes provinciales por un total de $24.435.495.262, que partieron directamente del Tesoro provincial. Esta compañía también se financió con bonos por $1.480 millones y los $1.399 millones que recibió en el marco del plan Verano, un programa para cambiar cañerías en la provincia que se lanzó a principios del año pasado.

Así las cosas, ABSA recibió en total como aportes de la Provincia más de $27 mil millones mientras que tuvo un pasivo total en 2023 de $21.115.351.826, que se componía de un 36% de deuda con proveedores y con personal, y previsiones y contingencias.

Por su parte, la firma Buenos Aires Gas, distribuidora de gas natural por redes en más de 60 localidades bonaerenses cerró el 2023 con un déficit de $3.803.739.962, que se compone de $1.518 de déficit operativo y $2.285 de gastos de capital por inversiones en obra. De esta manera, para sostener las operaciones de la compañía y el nivel de inversión, la Provincia debió realizar aportes por $3.970 millones. Incluso la empresa tuvo una "disminución de la inversión financiera" por $2.461 millones que corresponden a inversiones en instrumentos financieros para sostener la operatoria de la empresa y realizar obras. Las cifras fueron obtenidas a través de una respuesta oficial por parte de la compañía.

La gestión de Kicillof defiende la continuidad de estas firmas. "Este año se está recomponiendo mucho la tarifa de ABSA y AUBASA. Hay planes de obras importantes en las dos empresas que se están llevando a cabo. En AUBASA se ve en la autopista, la repavimentación de la ruta provincial 2, la doble vía (nueva) que se está haciendo entre Villa Gesell y Mar Chiquita, entre otros", le dijeron a este medio.

El Astillero Río Santiago, ubicado en Ensenada, dedicado a la construcción y reparación de embarcaciones y proyectos metal-mecánicas, es un ente descentralizado de la provincia de Buenos Aires que históricamente arroja números negativos y en 2023 no fue la excepción: su rojo fue de más de $27 mil millones ($27.793.889.389) lo que obligó a la gestión de Kicillof a destinar una cifra casi idéntica para sostener las operaciones de la compañía. El año pasado el gobierno provincial auxilió en $27.794.354.519 al astillero que, este medio pudo saber, posee 2295 empleados, de los que 2256 son de planta permanente y 39, transitoria.

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Desde el Astillero respondieron ante la consulta de TN, que el déficit de la empresa es "histórico" y que la compañía sufrió las políticas neoliberales de los años noventa. Aseguran que la gestión de Kicillof puso en valor el astillero y que actualmente se está trabajando con clientes como Fincantieri como la Armada italiana. Admitieron estar trabajando en proyectos en el exterior para intentar reducir el déficit y defienden la continuidad de la empresa al asegurar que el pago del salario de los trabajadores luego se traduce en consumo interno.

Otra de las empresas de la provincia de Buenos Aires es AUBASA, cuyas acciones pertenecen en un 93% a la administración provincial. Esta compañía construye, conserva y explota rutas y autopistas mediante el cobro de tarifas y peajes. Según un informe que circulaba entre senadores bonaerenses de la Unión Cívica Radical (UCR) esta compañía cerró el 2023 con un déficit de -$5.513.544.015. De cualquier manera este último número no se incorporó a la cuenta final que se expresa en este artículo.

TN se contactó con autoridades de la firma para obtener una respuesta y desde la empresa respondieron que "el monto no constituye un déficit contable ni financiero" aunque aceptaron que el balance 2023 refleja un resultado final negativo que se origina "en un 90% en el impuesto a las ganancias determinado". TN insistió para obtener una cifra concreta y desde la compañía informaron que el estado de resultado 2023 arrojó una pérdida de $482.991.845.

Voces a favor y en contra de la creación de una nueva empresa estatal en la Provincia

En medio de la avanzada del Gobierno de Javier Milei sobre las empresas públicas, la gestión de Kicillof encaró una política diametralmente opuesta y se propuso crear una empresa de emergencias de atención médicas, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, pero que encuentra algún escollo en el Senado bonaerense, en donde la oposición reúne unos 25 votos contra 21 del oficialismo. Por ahora La Libertad Avanza, el PRO y la UCR se expresaron en contra de la iniciativa.

La Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria tiene- según el proyecto original- el objeto de "prestar, por sí, por intermedio de terceros, o asociada a terceros el servicio de emergencias en salud". De esta manera se "fortalecerá la coordinación interjurisdiccional de la atención de las emergencias médicas y complementar el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) que actualmente prestan los municipios".

La iniciativa genera voces a favor y en contra. El senador del PRO Alejandro Rabinovich cuestionó en diálogo con TN la creación de "más estructura para cobijar militantes" y aseguró que la iniciativa busca "pasar por arriba a los intendentes". "Hoy en día el SAME descentralizado funciona bien y la provincia busca una concentración a través de una empresa estatal que le de trabajo a la militancia. No tenemos datos sobre cuánto dinero le va a costar a la provincia la creación de la compañía".

Desde el bloque de la UCR, criticaron que en las reuniones que tuvieron con el Ministerio de Salud bonaerense no se especificó el dinero que se destinará a la creación de esta firma, a cuánto ascenderá la planta de empleados. Por el contrario la gestión bonaerense asegura que con esta empresa se recuperará plata que no se cobra en el sistema público de emergencia de salud.

Actualmente el servicio de emergencias de salud bonaerense tiene dos patas: la provincial, que hace el traslado entre hospitales, y una municipal, que están a cargo de ingresar los pacientes desde la calle a los hospitales. La Provincia busca absorber esta última y cobrarles a las prepagas u obras sociales por ese servicio de ambulancia.

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