Extenuado hasta el hartazgo con las negociaciones en el Congreso para sancionar la Ley Bases y el paquete de reformas fiscales, el Gobierno confía en que la Cámara de Diputados, más “amigable” que el Senado, ratifique in totum las modificaciones que se acuerden en la Cámara alta para poder exhibir, cuanto antes, las dos primeras leyes sancionadas de la gestión de Javier Milei. Un cabo suelto amenaza, sin embargo, la estrategia oficial: la posibilidad de que los senadores rechacen la restitución del impuesto a las ganancias.

En efecto, si una mayoría en el Senado elimina del proyecto de reformas fiscales la reposición de este tributo, el oficialismo en Diputados no tendrá otra alternativa que reabrir el debate del articulado cuando el texto retorne a la Cámara baja para intentar reincorporarlo. Esta es una instancia que el Gobierno preferiría esquivar en su afán de cerrar cuanto antes el trámite legislativo, que ya insumió casi seis largos meses. La amenaza de una nueva demora, esta vez en Diputados, sería una pésima señal en términos de gobernabilidad que el Gobierno pretende exhibir ante el círculo rojo de empresarios, inversores y organismos internacionales.

La reimplantación de este tributo es clave no solo para las arcas provinciales –como el Gobierno quiere hacer ver-, sino también para las nacionales, sobre todo en tiempos de caída de recaudación por efecto de la recesión en la actividad económica. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la reforma del Impuesto a las Ganancias incrementaría la recaudación de ese tributo en 0,5% del PIB sobre la base del período fiscal 2024 completo. El incremento sería de 0,3% suponiendo una aplicación de siete meses durante 2024.

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Pese a las bondades recaudatorias del impuesto a las ganancias, una legión de senadores patagónicos se opone a su restitución tal como está planteada en el texto venido de Diputados: aducen que, con el piso mínimo no imponible de $1,8 millones para solteros y de $2,2 millones para los casados, buena parte de los trabajadores asalariados de la región –donde el costo de vida es más alto que el promedio del país- quedaría alcanzado por el impuesto. Cuando alzaron su voz en la Cámara de Diputados, su reclamo no prosperó; en el Senado, en cambio, hacen valer su peso específico (reúnen el 25% del total de los miembros) y amenazan con estrechar filas con los bloques kirchneristas para voltear el impuesto en el recinto.

En la instancia final de negociaciones que arranca esta semana en el Senado, los operadores de la Casa Rosada se mostrarían flexibles a receptar la andanada de modificaciones que le proponen los opositores dialoguistas con tal de aprobar la ley. No la guía el altruismo sino la conveniencia: una vez sancionada, el Poder Ejecutivo podrá enmendar todo aquello que no le satisface vía reglamentación del articulado o, en caso extremo, mediante el veto parcial o total de la ley. Son las herramientas constitucionales con las que cuenta todo jefe de Estado cuando una norma no le satisface. Empero, no hay reglamentación ni veto alguno que le permita al Ejecutivo restituir un artículo que haya sido deliberadamente eliminado por el Congreso. De allí la intransigencia del Gobierno a aceptar que se rechace la reposición de Ganancias.

En su oportunidad, la Cámara baja aprobó este artículo con una 132 votos positivos, y todo indica que, si el Senado llegara a eliminarlo, los diputados insistirán en reponerlo. El problema se suscitaría si el eventual rechazo de la Cámara alta se produce con los dos tercios de los votos; difícilmente los diputados puedan replicar semejante mayoría en el recinto para insistir con su criterio y reincorporar el tributo.

“Lo ideal es que el texto que se apruebe en el Senado vuelva a Diputados con modificaciones acordadas con el Gobierno. Eso facilitaría que podamos aprobarlo sin mayor discusión. Después el Poder Ejecutivo vetará lo que no le guste. El problema es si el paquete fiscal viene sin el artículo sobre Ganancias: en este caso tendríamos que abrir el debate en comisiones, con el peligro de que la oposición más dura, con tal de embarrar la cancha, reclame revisar otros artículos, no solo el de Ganancias. Si esto sucede, la ley no sale más”, argumentaba, con cierta preocupación, una alta autoridad del bloque Pro.

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En la bancada que conduce Cristian Ritondo, aun con sus matices internos, son partidarios de aprobar sin dilaciones la media sanción modificada del Senado para que luego el Poder Ejecutivo enmiende lo que crea necesario vía reglamentación o veto. El jefe de la bancada radical, Rodrigo De Loredo, va en la misma sintonía, aunque su autoridad ha ido perdiendo peso puertas adentro de su bloque, desintegrado en distintas tribus que oscilan entre quienes agitan una ofensiva impiadosa al Gobierno y aquellos que sugieren un alineamiento crítico.

En Hacemos Coalición Federal, el liderazgo de Miguel Ángel Pichetto también es relativo; la Coalición Cívica, el socialismo y Margarita Stolbizer, que suelen seguir sus propios impulsos políticos, suelen no coincidir con el perfil orgánico que pretende imprimir el rionegrino.

En este contexto, se entienden las prevenciones y las dificultades del Gobierno para sellar la Ley Bases y el paquete fiscal, un trámite que, con buen viento, recién tendrá por delante un mes más de recorrido parlamentario hasta ver la luz. (La Nación)