El fiscal federal Ramiro González amplió las imputaciones en la causa que investiga el presunto desvío de fondos a través de cooperativas en el municipio de Quilmes y solicitó nuevas medidas de prueba, según el dictamen.

El fiscal extendió las imputaciones, que ahora alcanzan a Sebastián Daer, un actual funcionario de la AFIP y expareja de Mayra Mendoza, a quien ahora se investiga por ser apoderado de una sociedad de Alejandro Scozzari, otro de los imputados en el caso. Según especifica el dictamen, quedaron imputados además “Claudio Hernán Carbone, el secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Quilmes; Paul Brian O´Shanghnessy, subsecretario de Producción y Empleo de la Municipalidad de Quilmes, y Anabella Galván, quien trabajaría en el municipio”. Y sumó a la pesquisa nuevos pedidos de información sobre varias empresas que tendrían a Scozzari como contador en común.

En paralelo, la justicia federal de Quilmes investiga, en otro expediente, los mismos hechos, con la diferencia de que también se enfoca en el patrimonio de la intendenta. Se investigan, en ambas causas, los manejos de fondos para cooperativas que habrían ido a asociaciones presididas por funcionarios municipales, con supuesto destino final en cuentas offshore. La lupa está puesta en unos 535 millones de pesos que la Municipalidad de Quilmes abonaba a cooperativas que estarían vinculadas a un exfuncionario.

“Noticias falsas”

A la par de estos avances, la intendenta de Quilmes e integrante de La Cámpora Mayra Mendoza publicó en sus redes un video de diez minutos dirigido a los vecinos de ese municipio para refutar las acusaciones en su contra, a las que calificó de noticias falsas. “Se me acusa de fugar plata a Miami y hacer pagos a cooperativas que no trabajan. Esto es una mentira total y absoluta”, dijo Mendoza. Y dijo que las contrataciones se hicieron respetando los procedimientos administrativos. “En ninguna de las cooperativas figuran funcionarios de esta gestión ni familiares”, agregó. En el mismo mensaje criticó a los medios de comunicación por difundir la información sobre los avances judiciales.

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Lo determinó el Ejecutivo a través de una orden al Enargas, el ente que regula el servicio en toda la Argentina. Además, no se prevé un esquema diferenciado para los usuarios como se había especulado en su momento.

Hace dos semanas el fiscal González impulsó la acción penal contra Mayra Mendoza y un grupo de exfuncionarios y empleados del Municipio de Quilmes.

Además de Mendoza, quedaron imputados Sebastián Raspa -exsubsecretario de Hábitat del municipio-, Martín Bordalejo -exfuncionario y abogado-, José Alejandro Scozzari -socio de Raspa y Bordalejo en una firma offshore-, Romina Cangelosi -empleada por la Municipalidad-, Alejandro Gandulfo -jefe de gabinete del municipio- y Cecilia Soler. -secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio-. Raspa renunció a su cargo apenas trascendieron estos hechos, con una carta que tildaba de falsa la información. Fue el primer coletazo tras la publicación de la información por parte del sitio El Disenso.

En ese requerimiento judicial pidió una batería de medidas de prueba que incluían desde pedir el levantamiento del secreto bancario y fiscal respecto de algunos imputados -pero no de Mendoza-, solicitudes de información a dependencias del Estado Nacional y hasta una compulsa del padrón de entidades del sitio web del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) para obtener información sobre la actividad y cooperativas que recibieron los fondos del municipio y que fueron cuestionadas en la denuncia.

Incluso pidió librar exhortos internacionales a la justicia con jurisdicción sobre la ciudad de Miami para obtener información sobre las cuentas y firmas mencionadas en la denuncia. El juez del caso es Ariel Lijo.

Hipótesis

Una de las hipótesis que estudian los funcionarios judiciales de Comodoro Py es que se crearon cooperativas de trabajo a través de las cuales se retiró dinero sin rendir la información suficiente respecto de esas adjudicaciones de contratos. El fiscal también se enfoca en las sociedades mediante las cuales, según la denuncia, se habría girado dinero al exterior, y en las licitaciones que llevó adelante el municipio para otorgar los contratos a las cooperativas.

Las cooperativas en cuestión son la Federación de Cooperativas de Trabajo 1º de Mayo LTDA; la Cooperativa de Trabajo La Estrella LTDA; Cooperativa de Trabajo para el futuro LTDA; Cooperativa de Trabajo Progreso LTDA; Cooperativa de Trabajo Hasta la Victoria Siempre I LTDA; Cooperativa de Trabajo Rubén Rodríguez LTDA; Cooperativa de Trabajo Barrio Unido LTDA; Cooperativa de Trabajo La Unión de Azul LTDA; y Cooperativa de Trabajo Imprenta 19 de Febrero LTDA.

Hay dos denuncias por estos hechos. Una es la que avanza en Comodoro Py a partir de una presentación del abogado Santiago Dupuy de Lome. A ese expediente se sumó una presentación de la diputada de Juntos por el Cambio Mónica Frade. La otra fue presentada por el propio municipio de Quilmes cuando el sitio El Disenso reveló esta información como una suerte de auto denuncia. Ese otro expediente está en manos del juez federal de esa jurisdicción, Luis Armella y de la fiscal Silvia Cavallo.

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Cuando imputó a Mendoza, la fiscal Cavallo no solo pidió medidas de prueba orientadas a verificar si son ciertos los hechos denunciados, sino que además ordenó informes a la Unidad de Información Financiera (UIF) para investigar el patrimonio de la intendenta y del resto de los imputados, según el requerimiento judicial. La justicia federal de Quilmes también le pidió colaboración a la Procelac.

En el video difundido esta tarde, Mendoza dijo: “Quiero que mis vecinos sepan que si hay actos procesales de la investigación en marcha es porque pedí a mi equipo legal del Municipio que se presente voluntariamente a brindar toda la información al Poder Judicial”.