En busca de la verdad
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El oficialismo intentará dictaminar los proyectos, que prevén beneficios para inversiones tecnológicas y nuevas reglas de transparencia para la gestión de intereses ante funcionarios y legisladores.
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El Gobierno buscará hoy recuperar la iniciativa parlamentaria en la Cámara de Diputados con el avance de dos proyectos que considera estratégicos: la ley de lobby y el denominado super-RIGI.
La agenda legislativa comenzará a las 11 con una reunión plenaria de las comisionesde Asuntos Constitucionales y Legislación General para tratar el proyecto de "Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses". Más tarde, a las 14, se reunirá el plenario de Presupuesto, Industria y Ciencia para debatir el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (super-RIGI), orientado a industrias tecnológicas y de innovación.
La intención del oficialismo es volver a convocar ambos plenarios la próxima semana para emitir dictamen y dejar los proyectos listos para ser tratados en una sesión prevista para el 24 de junio. En esa misma jornada también se debatiría la iniciativa que autoriza un plan de pago de deuda a dos fondos buitre.
La fecha forma parte del cronograma de trabajo que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, comunicó la semana pasada a los jefes de los principales bloques parlamentarios.
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Con el proyecto sobre gestión de intereses, el Gobierno busca establecer un marco regulatorio para las actividades de lobby ante funcionarios y legisladores, con el objetivo de transparentar los contactos destinados a promover intereses sectoriales o influir en la toma de decisiones dentro del Poder Ejecutivo y el Congreso.
La iniciativa propone la creación de un Registro Público de Gestiones e Intereses en el que deberán inscribirse los lobistas. Además, exige la presentación de declaraciones juradas en las que se identifiquen los intereses representados, los clientes y los beneficiarios de cada gestión.
También establece que los registros deberán incluir la fecha, la hora y la modalidad de cada contacto, la dependencia en la que se realizó la reunión, el beneficiario o cliente involucrado y un resumen de los temas abordados.
El proyecto contempla sanciones para quienes incumplan las obligaciones previstas. Las multas podrán alcanzar los 500 salarios mínimos y, en los casos más graves, derivar en la inhabilitación definitiva para ejercer actividades de lobby.
Asimismo, prevé penas de prisión de entre seis meses y tres años para quienes incurran en representación clandestina de intereses extranjeros, además de una inhabilitación especial por un plazo equivalente al doble de la condena.
La iniciativa también impone obligaciones a los funcionarios públicos. Tanto integrantes del Gobierno nacional como legisladores deberán informar las audiencias que mantengan con gestores de intereses y rendir cuentas sobre esos vínculos.
De acuerdo con el oficialismo, el proyecto podría reunir respaldo suficiente para obtener media sanción debido a las coincidencias existentes con sectores de la oposición dialoguista respecto de la necesidad de otorgar mayor transparencia a una actividad que históricamente se desarrolló con escasa regulación en la Argentina.
La otra iniciativa que comenzará a debatirse este miércoles es el llamado super-RIGI, un esquema de incentivos para grandes inversiones en sectores tecnológicos e industriales que no habían sido contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones aprobado dentro de la Ley Bases.
Fueron invitados a exponer el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola; el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Carlos Ormachea; y el asesor legal de la Cámara Argentina de la Energía, Esteban Gramblicka.
El proyecto apunta a atraer inversiones de gran escala vinculadas con la industrialización de minerales críticos, como litio y uranio; la producción de baterías; el desarrollo de energías renovables, incluido el hidrógeno verde; la fabricación de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares; reactores nucleares pequeños y medianos; semiconductores; inteligencia artificial y otros desarrollos tecnológicos.
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Para acceder a los beneficios, las inversiones deberán alcanzar un mínimo de US$ 1000 millones, muy por encima de los US$ 200 millones exigidos por el RIGI original.
A cambio, las empresas obtendrían estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante un período de 30 años. El régimen tendría una vigencia inicial de cinco años, con la posibilidad de una prórroga adicional de un año.
A diferencia del RIGI vigente, el nuevo esquema excluye proyectos vinculados con recursos naturales e infraestructura. Tampoco permite incorporar ampliaciones de emprendimientos ya existentes.
Entre los beneficios previstos figura una reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias al 15%, un sistema de amortización acelerada de inversiones, certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y una alícuota única del 10% para contribuciones patronales.
Además, los quebrantos podrían deducirse sin límite temporal. Los dividendos tributarían una alícuota del 7%, que se reduciría al 3,5% después de cuatro años de adhesión al régimen.
El proyecto también contempla la exención de derechos de importación, la eliminación de derechos de exportación y la supresión de restricciones y cupos para operar.
En materia cambiaria, establece una disponibilidad progresiva de las divisas provenientes de exportaciones. A partir del tercer año, los inversores adheridos podrían disponer del 100% de los dólares generados por sus exportaciones.
Fuente: TN.com
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