La administración de Javier Milei dio un paso fundamental en su agenda de reforma institucional al enviar este miércoles al Senado el texto final de la Reforma Electoral. El paquete de leyes, más amplio de lo previsto originalmente, apunta a una transformación integral del sistema político argentino bajo las premisas de austeridad, transparencia y eficiencia representativa.

Entre los puntos más disruptivos del proyecto se encuentra la derogación formal de las PASO. Con esta medida, el Ejecutivo busca que cada partido político recupere la autonomía para definir sus candidatos mediante mecanismos internos propios, eliminando el costo económico y la saturación electoral que implicaban las primarias obligatorias. Para oficializar listas, los partidos deberán ahora recolectar avales ciudadanos a través de una plataforma digital con autenticación de identidad gestionada por la Cámara Nacional Electoral.

Uno de los reclamos sociales más persistentes se materializa en este texto con la incorporación de la Ficha Limpia. Según la iniciativa, no podrán ser candidatos quienes posean condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia. Para garantizar el cumplimiento, se creará un Registro Público de Ficha Limpia bajo la órbita de la justicia electoral.

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Tanto el PRO como la UCR tienen incertidumbre sobre el proyecto del Ejecutivo y malestar por llevar adelante un debate apresurado.

En materia de financiamiento, el proyecto profesionaliza el control de los fondos de campaña:

• Aportes privados: Deberán informarse semanalmente y tendrán un tope del 35% por persona.
  
• Control digital: Se crea un registro de cuentas oficiales en redes sociales y la justicia podrá ordenar la baja de publicidad irregular en 24 horas.
  
• Asesores extranjeros: Se prohíbe explícitamente la contratación de servicios de consultoría o asesoramiento de personas extranjeras para campañas nacionales.
  

La reforma también eleva la vara para la existencia de los partidos políticos. Se exigirán afiliaciones equivalentes al 0,5% del padrón para partidos de distrito y se requerirá presencia en al menos diez distritos para mantener la personería nacional. Además, se introducen causales de caducidad más estrictas para aquellas fuerzas que no alcancen un piso mínimo de votos en elecciones sucesivas.

Respecto a la Boleta Única de Papel, el Gobierno incluyó el casillero de "voto por lista completa", permitiendo marcar todas las categorías de una agrupación con una sola tilde, simplificando el acto de votación para el elector.

Finalmente, el proyecto propone un cambio transitorio pero significativo en la designación de los parlamentarios del Mercosur. Los representantes argentinos dejarán de ser elegidos por voto directo (ahorrando el costo de una categoría nacional) y pasarán a ser designados proporcionalmente entre los actuales miembros del Congreso Nacional. Estos legisladores no percibirán un sueldo adicional por esta tarea, limitándose únicamente al cobro de viáticos específicos por su actividad en el Parlamento regional.

Con este envío, el oficialismo traslada la discusión al Senado, donde buscará los consensos necesarios para aplicar estas reglas de juego en los próximos comicios, apostando a un sistema político más compacto, transparente y menos dependiente de los fondos públicos.