La disputa judicial por la expropiación de YPF volvió a subir de temperatura este jueves en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde la Argentina y los demandantes liderados por Burford Capital se cruzaron en una audiencia de seguimiento encabezada por la jueza Loretta Preska. El encuentro, que tenía como objetivo monitorear el avance del discovery (intercambio de información y documentos entre las partes), quedó atravesado por dos movimientos recientes: el reclamo de los beneficiarios del fallo para que el país sea sancionado y declarado en desacato, y la presentación argentina para frenar o suspender esa etapa del proceso.

Según la posición oficial, varias de las solicitudes de Burford son "intrusivas" e improcedentes porque apuntan a activos soberanos o a información que, sostiene el Gobierno, está protegida por inmunidades del derecho interno e internacional. En ese punto se concentró uno de los focos más sensibles: el pedido para obtener detalles sobre la localización y uso de las reservas de oro del Banco Central. Argentina volvió a rechazarlo, argumentando que esos activos pertenecen a una entidad autónoma y que el Tesoro no tiene acceso directo a esa información.

El planteo no es menor: para los demandantes, ese tipo de datos ayudaría a identificar bienes potencialmente ejecutables para cobrar la sentencia. Para la defensa argentina, en cambio, insistir con pedidos sobre el BCRA equivale a intentar correr el límite de la inmunidad soberana y forzar un escenario de presión reputacional sobre un Estado. Reuters resumió esta línea al señalar que Argentina calificó el discovery como "ilegítimo" y pidió que se suspenda, especialmente por el requerimiento vinculado al oro del Central y también para que se deje sin efecto la moción de desacato.

En el trasfondo del expediente está el fallo de Preska que condenó al país a pagar US$16.100 millones por el modo en que se realizó la estatización de YPF en 2012, al no haberse hecho una oferta a accionistas minoritarios. En 2025, la jueza también ordenó transferir el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado como parte de la ejecución, una decisión que Argentina apeló.

La audiencia no resolvió de fondo la suspensión del discovery ni el pedido de sanciones, pero dejó el calendario procesal activado: el tribunal fijó plazos para que Burford responda el pedido argentino de frenar el intercambio de información y para que el Estado presente su réplica; además, la Argentina anticipó que contestará formalmente la solicitud de desacato en una fecha posterior. Estos próximos escritos serán claves porque de allí podría salir una definición concreta de Preska sobre cuánto y qué tipo de información deberá seguir entregándose mientras corre la apelación.

En paralelo, el caso se transformó en uno de los frentes judiciales externos más delicados para el país: con intereses acumulándose y una estrategia de ejecución activa por parte de los demandantes, cada decisión sobre discovery, inmunidades y posibles embargos puede impactar tanto en la negociación como en la exposición financiera de la Argentina en tribunales internacionales.