El abogado Roberto Castillo, defensor de los mendocinos Juan Pablo Rúa y Sebastián Moya, dos de los cinco argentinos detenidos por presuntos robos en el Dolphin Mall de Miami, aseguró que sus representados "no fueron deportados" de Estados Unidos y afirmó que lo ocurrido "fue un malentendido".

En diálogo con la prensa, el letrado remarcó que Rúa viaja desde hace 10 años a Miami y que es dueño de una empresa con 100 empleados en Mendoza. En ese contexto, sostuvo que su cliente "quedó inmerso en una situación que, para él, es bochornosa y vergonzosa porque quedó parado en una situación que es un malentendido".

De acuerdo con la reconstrucción del caso realizada por la Justicia estadounidense, los cinco turistas mendocinos fueron señalados por robar mercadería valuada en miles de dólares de distintas tiendas del Dolphin Mall, uno de los shoppings más concurridos por visitantes sudamericanos. El hecho ocurrió el domingo y, según fuentes del caso, los acusados habrían actuado como una banda organizada y ninguno de ellos tendría residencia en Estados Unidos.

Sin embargo, Castillo se despegó de esa calificación y aseguró que ninguno de sus defendidos está implicado directamente en el delito. Sostuvo que dentro del grupo hay "uno que sí se quedó con lo ajeno", aunque evitó revelar su nombre. Según el relato del abogado, ese acusado "no tenía factura y tenía ropa con tickets", lo que complicó su situación judicial.

El letrado también cuestionó la hipótesis de una organización criminal. "La supuesta participación del resto del grupo como una organización criminal es exagerada en base a los videos", planteó. Y agregó: "Los videos que vimos no dicen más que había un grupo de amigos abriendo una valija y guardando cosas. Después, las conjeturas que saca la policía es que era una organización criminal que estaban guardando supuestamente los tres pantalones que habría robado uno, cuya cuenta dio 350 dólares".

Respecto de la situación procesal de los cinco mendocinos, Castillo indicó que al acusado más comprometido se le impuso una fianza más alta, mientras que sus representados quedaron en mejor posición. "La jueza tuvo en cuenta los videos para darles la posibilidad de que paguen una fianza y se vuelvan a su país. Si fueran parte de una organización criminal, los hubieran retenido", afirmó.

El abogado hizo hincapié en que el grupo estuvo detenido solo un día y que no se trató de una deportación. "Tienen el viaje de vuelta, que incluso lo sacaron con dos meses de anticipación. No los están deportando, sino que el pasaje lo están respetando", concluyó.