En busca de la verdad
En busca de la verdad
Luego del revés que sufrió el Gobierno, estos serían los caminos a seguir para los magistrados.
El Senado de la Nación rechazó este jueves los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, propuestos por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia. Este rechazo se produce tras un largo proceso y debate político y judicial.
El 20 de marzo del año pasado, el Ejecutivo había anunciado que Lijo y García-Mansilla serían los elegidos para cubrir las vacantes dejadas por Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda en la Corte. Sin embargo, los pliegos no fueron enviados al Senado hasta el 27 de mayo de 2024, lo que retrasó aún más el proceso de aprobación.
Ante la falta de apoyo legislativo, el 26 de febrero de este año, el Presidente decidió nombrar a ambos candidatos por decreto. Sin embargo, solo García-Mansilla asumió el cargo, mientras que Lijo no pudo tomar posesión debido a que la Corte Suprema rechazó su licencia en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4.
A través de una carta difundida desde la oficina de presidencia el Gobierno cuestionó el accionar de los legisladores y aseguró que este acciona representa "una amenaza para la democracia".
En un intento por adelantarse a lo que parecía un inminente rechazo por parte del Senado, García-Mansilla envió días atrás un escrito al juez Alejo Ramos Padilla, encargado de resolver la causa que busca la inconstitucionalidad de los nombramientos en comisión. En ese escrito, García-Mansilla argumentó que su puesto en la Corte "goza de la garantía constitucional de inamovilidad en el cargo mientras dure su nombramiento, por lo que el único juez natural que podría eventualmente removerlo de su cargo, mediante juicio político, es el Congreso de la Nación".
La postura del designado en comisión generó un debate sobre las implicancias del rechazo del Senado, lo que finalmente ocurrió este jueves.
El abogado y profesor de Derecho Constitucional, Pedro Caminos, señaló que, tras el rechazo del Senado, existen dos interpretaciones sobre la situación jurídica de García-Mansilla. Según una interpretación, su designación en comisión tiene estabilidad hasta el fin de la próxima legislatura, mientras que la otra sostiene que, al no obtener el acuerdo del Senado, el cargo de García-Mansilla quedaría vacante.
Caminos explicó que, históricamente, la Constitución de 1853 permitía al Presidente nombrar a personas para cargos que requerían acuerdo del Senado durante el receso, pero esa designación solo era definitiva si el Senado no se pronunciaba en su contra. Con la reforma de 1860, se estableció un límite temporal, indicando que la designación del Presidente sería válida solo hasta el fin de la próxima legislatura. Esto, según Caminos, implica que el rechazo del Senado podría significar el cese inmediato del designado.
Por su parte, el abogado constitucionalista Mariano Bär coincidió en que el rechazo del Senado debería implicar la cesación automática del cargo de García-Mansilla. "No hay inactividad senatorial, sino una actividad expresa de rechazo a las designaciones. Si la interpretación fuera otra, se estaría subvirtiendo el sistema de pesos y contrapesos de la República", advirtió Bär.
El caso de Lijo es más sencillo, ya que la Corte Suprema había determinado que no podía mantener su doble calidad de magistrado. Lijo, quien no pudo asumir su puesto como juez en comisión, reafirmó su interés por seguir en su cargo actual de Juez Federal y solicitó al Senado el acuerdo necesario para su designación definitiva.
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Sectores del kirchnerismo, el PRO y la UCR consiguieron bloquear las designaciones que Javier Milei había propuesto para el máximo tribunal. Ahora deberá resolver el juez Ramos Padilla, a cargo de la causa que busca la inconstitucionalidad de sus nombramientos en comisión.
El rechazo de los pliegos de Lijo y García-Mansilla deja en el aire un panorama institucional complejo. Si la situación se judicializa, la Corte Suprema será la encargada de dirimir la cuestión, lo que podría generar una crisis institucional de gran magnitud, como señaló Bär.
El caso continúa siendo objeto de debate tanto en el ámbito político como judicial, y se espera que el juez Ramos Padilla tome una decisión definitiva respecto a la constitucionalidad de los nombramientos en comisión.
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