El plan de ajuste del Estado que puso en marcha el Gobierno incluye achicar los gastos de esas compañías. Esa intención, si bien empezó a mostrar algunos números fiscales positivos, todavía deja entrever varias excepciones.
El plan de ajuste del Estado que puso en marcha el Gobierno incluye varios puntos, pero uno de los más importantes está focalizado en achicar los gastos de las empresas públicas. Esa intención, si bien empezó a mostrar algunos números fiscales positivos, todavía deja entrever varias excepciones.
De acuerdo a las últimas cifras de la Oficina Nacional de Presupuesto, las empresas públicas no financieras mostraron un rojo operativo -esto es, la diferencia entre la recaudación y los gastos de cada compañía para el funcionamiento de su actividad particular- de $1.989.109,9 millones. Por ello, el Tesoro realizó transferencias por $3.041.307,8 millones durante el tercer trimestre de 2024.
Si a eso se agrega la diferencia entre los ingresos y los gastos vinculados tanto a cuestiones corrientes, así como inversiones o equipamiento, se obtiene el resultado financiero, que arroja un superávit acumulado entre enero y septiembre de $267.464,3 millones.
De todos modos, el superávit financiero del tercer trimestre se explica principalmente por la mejora de los ingresos de las empresas Enarsa, obtenidos por la comercialización de gas, seguido por los generados por la venta de pasajes de Aerolíneas Argentinas, y la operación de AySA y NASA.
Sin embargo, esos recursos no fueron suficientes para compensar el aumento de los gastos, cuya demanda troncal se encuentra en los requerimientos de Enarsa para la importación de GNL y las compras de combustibles para Aerolíneas, así como también se requirieron gastos en inversión directa para obras como el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner y la Reversión del Gasoducto Norte.
De todas formas, dentro de las planillas que muestran la evolución de los gastos y los ingresos de las 32 empresas públicas que analizó la Oficina de Presupuesto se puede observar que hasta octubre había 17 cuyo resultado financiero -esto es, la diferencia entre los ingresos y los gastos teniendo en cuenta el pago de intereses de deuda- es deficitario.
A saber, las empresas que mostraron déficit financiero hasta el tercer trimestre del año fueron:
AGP tuvo un déficit financiero de -$27.985,2 millones
APE S.A.: -$1030,4 millones
Arsat: -$5257,6 millones
AySA: -$104.247,8 millones
Adif: -$23.962 millones
Aerolíneas Argentinas: -$290.246,4 millones
Casa de Moneda: -$72.709,5 millones
Contenidos públicos: -$187,7 millones
DECAHF: -$1660,1 millones
EDUC.AR: -$616,6 millones
FADEA: -$9261,1 millones
FASE: -$509,6 millones
Polo Tecnológico: -$34,9 millones
LT 10 UNL: -$223,2 millones
Servicios de Radio y Televisión -$680,2 millones
Tandanor: -$25.952,9 millones
Yacimientos Carboníferos Río Turbio: -$13.869,1 millones
En las firmas públicas también se vio con claridad el impacto del plan del Gobierno de reducir de la nómina de personas que trabajan en esas compañías. Incluso las principales transferencias que realizó el Tesoro Nacional estuvieron destinadas a cubrir los planes de retiro voluntario impulsados en esos espacios.
Para tomar dimensión de la cantidad de empleados que trabajan en las empresas del Estado, siempre según los números que lleva la Oficina de Presupuesto, la dotación de personal en las compañías pasó de 92.069 personas a 80.988 en la comparación entre el tercer trimestre de 2023 y 2024. Esto es, 11.081 personas menos o un ajuste del 12% sobre la nómina total.
Si se observa el detalle en particular, 4319 de esas desvinculaciones sucedieron en el Correo Argentino; 1257 de esas bajas se hicieron en AySA; 1341 en Aerolíneas Argentinas; 768 en DECAFH y 663 en OFSE.