Gran parte del arco empresario nacional hizo público su descontento por la caída del proyecto de "ficha limpia" en la Cámara de Diputados. Mediante la publicación de diversos comunicados dieron a conocer un único y firme puntos de vista.

"El proyecto de ficha limpia es una iniciativa muy importante y oportuna que contribuye al fortalecimiento de nuestra democracia republicana. Estamos esperanzados en que la dirigencia política acuerde su pronta implementación", afirmó con contundencia Jaime Campos, presidente de Asociación Empresaria Argentina

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio (CAC), Mario Grinman, sostuvo que "quienes le robaron a la Patria no pueden conducir su destino". Y agregó: "quien aspira a ocupar un cargo público debería tener una foja de servicios intachable".

Santiago Mignone, presidente de IDEA, fue otro de los empresarios que mostró su disgusto por lo ocurrido en el recinto legislativo. "Lamentamos la falta de tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de Ley conocido como ficha limpia, que propone excluir de cargos públicos a candidatos con condenas por corrupción".

"Como voz del sector empresario, creemos que muchos de los problemas económicos y sociales de la Argentina son también producto de una institucionalidad débil. Reglas claras, transparencia y respeto de las instituciones son la base de un clima de negocios que permita recuperar la inversión y la generación de empleo", añadió.

Grinman fue por el mismo camino que Mignone y dijo que "lamentablemente, los argentinos tenemos numerosos casos de políticos cuyas gestiones estuvieron signadas por flagrantes actos de corrupción; y muchos de ellos, tras esas manchas imborrables, volvieron a presentarse a cargos electivos e incluso resultaron electos".

El titular de la CAC profundizó su reflexión y arguyó: "todo esto le hace muy mal a la República. Necesitamos una Justicia independiente y ágil, que castigue con celeridad y contundencia a los corruptos; a la par que sería muy positivo establecer mecanismos para que los condenados por tales delitos no puedan presentarse a elecciones: quienes le robaron a la Patria no pueden conducir su destino. Que el Congreso aún no haya podido sancionar una norma al respecto es una frustración, pero confío en que la voluntad que expresó el Ejecutivo de promover un proyecto en esta dirección, más temprano que tarde, será una realidad. El mecanismo que se establezca debería tener el mayor consenso posible, para que no se interprete que es un ataque a ciertas ideas o partidos. No se trata de proscribir a ningún espacio; tan solo se trata de proscribir el latrocinio".

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