La decisión del gobierno de Javier Milei de cortar estas asignaciones especiales es valiente y necesaria.
Hay algo profundamente injusto en las jubilaciones de privilegio, y la reciente decisión de quitarle esos beneficios a Cristina Fernández no hace más que encender un debate que ya se estaba tardando. ¿Cómo se justifica que alguien que administró vergonzosamente el país y fue condenada por corrupción reciba 21 millones de pesos mensuales entre jubilaciones y pensiones? No hay mérito ni honor en eso. Más bien parece un premio a la inoperancia, y en algunos casos, a la delincuencia.
La decisión del gobierno de Javier Milei de cortar estas asignaciones especiales es valiente y necesaria. Según explicaron, la medida responde a la confirmación de la condena de Cristina en la causa Vialidad. Pero va más allá: este acto es un llamado a la ejemplaridad. Porque ¿qué mensaje se envía a la sociedad si quienes perjudican al país son recompensados con semejantes privilegios?
Lo más interesante es que la lupa no se quedará en Cristina. ANSES ya anunció que revisará otras jubilaciones de exmandatarios y sus familias, algunas de ellas otorgadas incluso a viudas de dictadores. Aunque hay excepciones, como el caso de Zulema Yoma, viuda de Carlos Menem, a quien Milei admira profundamente. Pero ¿acaso no es el mismo patrón de conducta? Condenas, mala gestión y un sistema que sigue pagando por errores del pasado.
Desde el kirchnerismo, como era de esperarse, ya salieron a denunciar una persecución política. Cristina no tardó en cargar contra Milei, llamándolo "dictadorzuelo" y comparándolo, de manera absurda, con Videla. Pero, si nos detenemos a pensar, ¿quién es el verdadero problema aquí? ¿El que corta el despilfarro de recursos públicos o quien los disfruta sin justificación?
Lo más llamativo de todo es que, mientras Cristina clama persecución, sigue vigente un sistema que otorga pensiones exorbitantes a exmandatarios sin importar los desastres que hayan dejado atrás. El caso de Fernando de la Rúa, que se fue en helicóptero tras una de las crisis más graves de la Argentina, es otro ejemplo de la impunidad en este esquema.
La decisión de Milei es un paso importante, pero no suficiente. Si de verdad buscamos un cambio, el país necesita revisar por completo estas asignaciones y replantear qué se considera "mérito" para recibirlas. Las jubilaciones de privilegio deben ser el reflejo de una vida de servicio intachable, no de administraciones cuestionables ni de corrupción comprobada.
La pregunta es simple: ¿vamos a seguir premiando el fracaso? Por lo menos, este gobierno parece decidido a romper con esa tradición, y es un gesto que, si bien puede incomodar a algunos, era absolutamente necesario. Porque en un país donde la mayoría lucha con jubilaciones mínimas, mantener estos beneficios no solo es un insulto, es una burla al esfuerzo de millones de argentinos.