En una movida que no dejó margen para la sorpresa, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reelegió por aclamación a Claudio "Chiqui" Tapia como presidente hasta octubre de 2028, al tiempo que tomó una serie de decisiones que contradicen de manera directa las prohibiciones impuestas por la Inspección General de Justicia (IGJ). Entre los cambios más controversiales, la AFA trasladó su razón social a la provincia de Buenos Aires, fuera del control de la IGJ, amplió a cinco los mandatos permitidos para cargos electivos y suspendió los descensos de la Liga Profesional, que en 2025 contará con 30 equipos.

Estas decisiones, que incluyen la reelección anticipada de Tapia, se dan en un abierto desafío no solo a la IGJ, sino también al Ministerio de Justicia y al gobierno de Javier Milei. La AFA ya presentó un recurso de apelación ante la Justicia para validar las medidas adoptadas en su asamblea, lo que coloca a la IGJ en la obligación de elevar el caso a la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal. En los próximos días se sabrá si la apelación tendrá un efecto "devolutivo" o "suspensivo", lo que determinará si las decisiones de la AFA quedan vigentes o no hasta que se dicte un fallo definitivo.

El inspector general de Justicia, Daniel Roque Vítolo, advirtió sobre la ilegalidad del proceso de reforma del estatuto de la AFA, señalando que la ampliación de los mandatos y la cancelación de los descensos violan la Ley del Deporte. Aunque la IGJ no ha hablado aún de intervenir la AFA, una posible declaración de nulidad sobre lo decidido en la asamblea podría llevar a sanciones económicas de hasta 8 millones de pesos.

La disputa entre la AFA y la IGJ promete prolongarse en los tribunales, mientras los equipos que pelean por no descender siguen en la incertidumbre.