Mendoza oficializó la autorización legislativa para la transferencia de la totalidad de las acciones que tiene el Estado en la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (Impsa).

La medida salió publicada en el Boletín Oficial, bajo la ley 9576, firmado por la vicegobernadora Hebe Casado; y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

La ley, sancionada el 24 de septiembre de 2024 y promulgada este miércoles en el Boletín Oficial, establece que el proceso de transferencia de las acciones deberá garantizar los principios de "concurrencia, publicidad, igualdad y transparencia", buscando asegurar que el proceso sea equitativo y abierto a distintos oferentes.

La provincia posee 454.300.000 acciones de clase C, que representan el 21,2% del capital social de la compañía.

Un día antes, por medio del decreto elaborado por el Ministerio de Economía, el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) y la provincia de Mendoza -actuales poseedores de su paquete accionista- realizaron un “llamado a licitación pública nacional e internacional para la venta del 100% de las acciones clase C” de la emblemática entidad de la familia Pescarmona.

En porcentajes, quedó a disposición de compradores el 84,9% del capital social de Impsa, el cual se distribuye en: 63,7% -equivalente a 1.362.479.300 acciones- correspondiente a Fondep y el 21,2% -453.446.800- a Mendoza.

Los interesados podrán presentar ofertas entre el 1 y el 31 de octubre, y deberán cumplir con los requisitos planteados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Luego, el último día del mes a las 17, el Gobierno llevará a cabo la apertura de sobres para conocer las propuestas y, después del análisis técnico y financiero, se efectuará la venta de acciones.

“Podrán ser oferentes los terceros y actuales accionistas en el caso que adquieran el pliego y cumplan con las condiciones establecidas en el mismo”, especificó la resolución.

El principal candidato e interesado más firme en capitalizar a Impsa es la firma estadounidense Arc Energy, debido a que sus representantes ofrecerán una cifra cercana a los US$30 millones para quedarse con las acciones de la compañía. También sostuvieron que planean presentar un proyecto de inversión comprendido dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Además, desde la empresa norteamericana aseguraron que contemplan un “crédito puente” durante el proceso de mejoramiento de oferta en el que cualquier interesada puede competirle, el cual implica una “inyección generosa de dinero” para dar lugar a un margen de maniobra mientras se trabaja sobre la inversión.

De esta manera, el Gobierno pisa fuerte en su afán de vender acciones de empresas estatales y, al alcanzar la primera de su gestión, se reafirma respecto a la situación de Aerolíneas Argentinas. Por el momento, la línea aérea de bandera fue “sujeta a privatización” y deberá definirse en el Congreso si se aprueba la medida o no.