La Cámara Federal porteña reabrió este martes la investigación sobre el rol de Cristina Kirchner en la causa de la Ruta del Dinero K, al aceptar una apelación de la querella al polémico dictamen del fiscal Guillermo Marijuan que pidió el sobreseimiento de la ex presidenta.

La decisión fue tomada con los votos de los jueces de la sala I de ese tribunal de alzada, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. El tercer camarista Eduardo Farah votó en minoría a favor de la decisión del juez sebastián Casanello de rechazar de plano una apelación de la asociación civil Bases, que es querellante en la causa, contra el sobreseimiento pedido por Marijuan.

Además, la Cámara Federal no hizo lugar al pedido de Cristina Kirchner de apartar al juez Casanello del caso donde el socio de la ex presidenta, Lázaro Báez, fue condenado a 10 años de prisión por el lavado de 55 millones de dólares.

En una resolución a la que accedió Clarín, Llorens recordó que en su momento “indiqué que el fiscal había efectuado un análisis sesgado y una evaluación parcial de elementos aislados del proceso, sin que meritara de manera conglobada una serie de elementos colectados en otras actuaciones, como aquellas pruebas que surgieron del alegato de su par en la causa conocida como Vialidad”.

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Llorens consideró las pruebas que muestran la sociedad entre Cristina y Báez como “las declaraciones de los imputados colaboradores (entre ellos Leonardo Fariña y Víctor Manzanares), el testamento de Lázaro Baez, las escrituras secuestradas en la escribanía de Ricardo Albornoz”, entre otros. Fariña y el ex contador de los Kirchner se convirtieron en arrepentidos en la causa.

Recordó que en la causa Vialidad, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mora acusaron a los Kirchner y a los Báez por el direccionamiento de obras públicas por 3.500 millones de dólares lo que “llevó a que ambos fueran condenados por actividades ilícitas vinculadas con la defraudación en perjuicio de la administración pública”.

A su vez, el fiscal Luciani resumió esos vínculos comerciales de esta forma, citó Llorens:

-1) El inmueble que entregó Cristina Fernández, representada por su hijo Máximo Kirchner, a la empresa “Austral Construcciones S.A.” de Lázaro Báez.

2) El bien entregado en concepto de dación de pago de la obra efectuada en la Quinta 10 A de El Calafate.

3) La venta de diez propiedades que el matrimonio Kirchner hizo a la sociedad citada en el punto primero de esta enumeración.

4) La construcción gratuita del mausoleo funerario de Néstor Kirchner por parte de Báez.

5) Los 372 contactos telefónicos entablados entre los nombrados.

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Estas afirmaciones de Luciani “que por cierto denotan una contundencia significativa -casi definitiva- respecto de la propiedad de los fondos ilícitos que generó el matrimonio Kirchner y que intentó ocultar toda la ingeniería montada por Lázaro Báez e hijos, sumadas a los elementos recabados en el marco de las presentes actuaciones, fueron luego relativizadas sobre la base de medidas que no gozaban de la misma contundencia que las ponderadas en un inicio”, recordó Llorens.

Luego Llorens destacó que el fiscal Marijuan no explicó en el pedido de sobreseimiento por qué “descarta los dichos de los testigos colaboradores en esas causas (como Fariña, Manzanares, entre otros) que colocaron a Lázaro Antonio Báez como dueño absoluto de las decisiones del Grupo conformado, respecto de la propiedad compartida (o exclusiva) de la masa de fondos ilícitos que le habrían generado Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”. (Clarín)