Funcionarios y asesores del gobierno de Javier Milei insisten en señalar que el retraso en la reglamentación de la reforma laboral, cuyo principal objetivo es reducir la denominada "industria del juicio" y flexibilizar las condiciones de contratación de empleados, se deben a dos temas principales que tuvieron bastante difusión pública por ser del interés de los integrantes de la CGT.

Bloqueos empresariales y el estatus de los trabajadores independientes son dos cuestiones que discuten los sindicalistas, empresarios y funcionarios en la secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero y lo hacen a sabiendas de las diferencias importantes que tienen en sus posiciones e intereses. Pero, además, de esos dos ítems, se coló otro punto de mucho interés para el sector empresario, en particular del área de las pequeñas y medianas empresas, que fue bien recibido por los funcionarios de la administración libertaria.

El Gobierno define el fondo de cese laboral

El tema que traba la publicación de la reglamentación en el Boletín Oficial, por estas horas, está relacionado con el fondo de cese laboral y el requerimiento de empresarios para que "el fondo de despido sea opcional a elección de la empresa y no por paritaria". En concreto, quieren que las empresas unilateralmente decidan si lo crean y que ese punto quede "debidamente enunciado" en la reglamentación de la ley.

Un anatema para el sindicalismo vernáculo que ha hecho de las negociaciones paritarias y de los acuerdos salariales por rama de actividad una de sus principales fortalezas.

Curiosamente, este reclamo provino de los representantes de las Pymes, y no de los asesores de las grandes cámaras empresariales. Los funcionarios de Milei eran reacios a recibir a los dirigentes pymes. Sin embargo, en la reunión que Julio Cordero sostuvo con emprendedores y representantes del sector industrial y comercial se llevó una sorpresa con el apoyo al fondo de cese laboral pensado por los dirigentes del gobierno y con un pedido concreto para poder ser utilizado en cada una de las empresas que pueda ser implementado.

A fines de julio, Cordero tuvo una primera impresión favorable al fondo de despido en una reunión con directivos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), la Unión de Emprendedores de la República Argentina (Uera), la Confederación Empresaria de la República Argentina (Cgera) y del Movimiento Nacional pyme (Monapy).

Allí se incluyó una lista de reclamos, pero el principal fue que "el fondo de despido sea opcional a elección de la empresa y no por paritaria". El fondo de cese laboral se incorporó a la Ley Bases sancionada y busca reemplazar las indemnizaciones, pero establece que se implementará mediante un acuerdo entre las cámaras empresarias y el sindicato más representativo del sector.

Raúl Zylberzstein de Cgera pidió que "sean las empresas unilateralmente las que decidan si crean ese fono de retiro al estilo del de la Uocra, y que quede debidamente "enunciado en la ley".
Otros puntos que dilatan la puesta en marcha de la reforma laboral

Si bien este punto es el que más se debate por estas horas, como quedó señalado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que garantizó que la reglamentación de la reforma laboral contará con flexibilidad en materia de despidos al recordar que "hay un artículo en ley Bases que lleva el título de Fondo de Cese que dice que las partes pueden salirse de la Ley de Contrato de Trabajo en lo que refiere a los despidos, un tema medular de la relación laboral", también preocupa al mundo sindical el apartado relacionado con los bloqueos en empresas.

Mientras que para los empresarios es necesario, "reglar las asambleas de trabajadores, y el bloqueo de empresas, protegiendo a las pymes, que son mucho más débiles que el poder de los sindicatos", los gremialistas aguardan que el Gobierno ceda a sus presiones para que las sanciones disciplinarias no sean desmedidas. Y, en ese sentido, esperan con ansias que llegue el próximo 16 de septiembre cuando tendrán una fecha clave en el calendario de la CGT.

Ese día, la cúpula de la CGT viajará a Roma para visitar al Papa Francisco, en el Vaticano. Una foto que buscará mostrar el apoyo papal al sector de los trabajadores y que representará una señal indubitable acerca del posicionamiento del jefe de Estado pontificio.

Sin embargo, en las oficinas de Sturzenegger no se amilanan y confían que la reglamentación estará publicada antes de esa fecha límite que representa el 16 de septiembre. Para el ministro de Milei, "espero que la reglamentación salga esta semana, a nivel convenio colectivo, van a poder diseñar el esquema que quieran, con la flexibilidad que quieran, a nivel empresa grande, mediana o chica", afirmó ante el auditorio de la Fundación Mediterránea.

Otro de los puntos en conflicto es por la cantidad máxima de contratados sin que se considere una relación laboral y, también, el plazo del período de prueba. Estos dos puntos son fundamentales para los asesores políticos de la Casa Rosada que quieren favorecer en todo sentido a los emprendedores. En la sede de la CGT, de la calle Azopardo, aseguraron a este medio que "prácticamente estamos con el ring perdido en este sentido, pero intentamos que la flexibilización laboral no sea tan profunda y mezquina como en la década del "90".

Finalmente, con un Gobierno que los escuchan y toman nota, los empresarios sostienen que son necesarios cambios en las ART. Cambios en el sistema de riesgos de trabajo y para ello es necesario "cambiar la Ley de ART, que se declaró inconstitucional en la mitad de sus artículos, y que, sin embargo, sigue vigente desde hace 30 años y destruye a las pymes, haciéndolas solidarias a la ART, y solo lo debiera ser, en caso de quiebra de la ART".

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