La reforma endurece sanciones para conductores con alta alcoholemia y establece nuevas regulaciones para los vehículos en playas de secuestro. El proyecto pasó al Ejecutivo para su promulgación.
La Cámara de Senadores dio sanción definitiva a la reforma de la Ley de Seguridad Vial, un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que forma parte del paquete de propuestas en materia de seguridad. Este cambio en la Ley 9024, introduce importantes modificaciones, especialmente para los conductores que superen el límite de alcoholemia de 0,5 g/l. Fue aprobada por 19 votos a favor y 14 en contra, por lo que fue remitido al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.
El senador Abel Freidemberg explicó los alcances del proyecto de ley, que propone modificaciones parciales a la Ley anunciada en el párrafo anterior. En este sentido subrayó la urgencia de abordar la problemática del consumo de alcohol al volante, un asunto crítico para la salud pública. «Cada dos minutos fallece una persona en el mundo por accidentes viales, lo que equivale a 3.200 muertes diarias», destacó el senador, citando estadísticas alarmantes sobre la incidencia de accidentes de tránsito y el consumo de alcohol.
Además, aportó que un estudio de 2018 realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Sedronar reveló que el 25.1% de los ingresados por accidentes viales en 38 hospitales públicos del país había consumido alcohol seis horas antes del siniestro. Esta problemática es especialmente grave entre los jóvenes de 15 a 34 años, quienes representan cuatro de cada diez víctimas de accidentes viales.
Asimismo, destacó que la provincia de Mendoza ha trabajado en sintonía con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, estableciendo límites estrictos de alcoholemia y aumentando las sanciones para los infractores. Por ello es que la Ley de Tránsito se ha reformado para imponer inhabilitaciones, retenciones de licencia y vehiculares más rígidas, especialmente para aquellos con una alcoholemia superior a un gramo por litro.
En este sentido informó que este proyecto de ley busca simplificar la certificación de alcohólimetros, permitiendo que la calibración se realice en Universidades y otras entidades, evitando largos trámites burocráticos. También introduce la reincidencia agravada para quienes conduzcan con niveles de alcoholemia fuera de los límites permitidos, extendiendo la inhabilitación para conducir hasta 365 días y facultando al juez para ordenar cursos de capacitación y prevención. Otro punto clave del proyecto, según Freidemberg, es la gestión de vehículos retenidos por infracciones.
Por su parte, el senador Dugar Chappel del Partido Verde anunció que su bloque votaría en contra del proyecto, argumentando que la propuesta afecta el derecho de propiedad al permitir la transferencia de vehículos al Estado tras ciertos plazos, lo que considera inconstitucional.
Luego, el senador Germán Vicchi también expresó su preocupación por el impacto de las nuevas disposiciones sobre los ciudadanos de menores recursos, que podrían perder sus vehículos debido a las nuevas reglas de retención y decomiso. Asimismo, mencionó que el cambio en los plazos de retención de seis a dos meses podría no ser suficiente para resolver los problemas de fondo relacionados con la gestión de vehículos decomisados.
El senador Gustavo Soto, también del oficialismo, reconoció la necesidad de revisar y mejorar la técnica legislativa para evitar críticas y hacer más efectivo el trabajo legislativo. Además, defendió la reducción de plazos para acelerar la gestión de vehículos secuestrados, argumentando que la acumulación de vehículos en mal estado representa un problema significativo para los municipios.
Finalmente, el senador Pedro Serra coincidió en que las leyes deben ser efectivas y criticó la acumulación de vehículos en depósitos estatales, subrayando la necesidad de una gestión más eficiente y efectiva de los controles de alcoholemia.