Efecto no deseado o parte de una estrategia de defensa, lo cierto es que los dos casos quedaron congelados después de que la Cámara de Casación decidió que se debía revocar el sobreseimiento de Cristina Kirchner y juzgarla en estos dos procesos.

La indefinición sobre Figueroa frena asimismo la decisión de la Casación sobre qué jueces deben ser los que juzguen a la vicepresidenta, pues se debería avanzar con estos procesos, dado que el Código Procesal permite hacerlo. Solo impide fijar fecha de juicio cuando están pendientes recursos ante la propia Casación o la Corte.

Además, Oscar Parrilli, uno de los acusados en la causa por la firma del memorandum de entendimiento con Irán, recusó a los jueces Petrone y Barroetaveña. Dijo que eran “dos jueces claramente macristas, y como no les gustó lo que decidía el tribunal, hicieron sortear un nuevo tribunal y poner otro” para realizar un nuevo juicio.

El primer paso que deben dar Barroetaveña y Petrone es decidir sobre la recusación de ambos en el caso del Pacto con Irán y sobre los recursos extraordinarios en el caso de Hotesur y Los Sauces. La incertidumbre sobre el estatus de Figueroa bloquea esas decisiones porque puede ser tildada de nula.

La recusación puede ser rechazada in limine (sin más trámite) por ambos jueces y seguir adelante con el caso. Pero si la admiten –cuestión improbable– otra sala debería decidir sobre ellos.

Asimismo, deben decidir si rechazan o no los recursos extraordinarios, previa vista al fiscal Mario Villar en Hotesur/Los Sauces, y Javier de Luca, en memorandum. Los jueces Barroetaveña y Petrone es probable que rechacen el recurso extraordinario sobre la base de que no va contra una sentencia definitiva. Así las cosas, los acusados pueden acudir a la Corte directamente mediante un recurso de queja.

La Corte, empujada por la Casación, declaró a la jueza cesante un mes después, el 6 de septiembre pasado. Sin Figueroa, Barroetaveña y Petrone avanzaron con el dictado de las sentencias en los casos Hotesur/Los Sauces y el Pacto con Irán.

Con dos votos coincidentes, el 18 de septiembre revocaron los sobreseimientos sin juicio y mandaron a hacer ambos juicios orales contra la vicepresidenta y un grupo de exfuncionarios. En el caso Hotesur/Los Sauces, mantuvieron el procesamiento de Máximo Kirchner pero dejaron afuera a Florencia Kirchner, por entender que no tenía autonomía para tomar decisiones sobre las sociedades comerciales familiares y sus negocios con Lázaro Báez y Cristóbal López.

Tras ese acuerdo, el presidente Alberto Fernández firmó el 3 de octubre pasado el decreto 502/2023, donde hace un “nuevo nombramiento” de la magistrada por cinco años y, además señaló que se hace operativo desde desde “el 9 de agosto pasado”.

Acá se plante aun problema: Figueroa no pudo haber sido designada el 9 de agosto porque aún no tenía acuerdo del Senado, que le fue otorgado el 28 de septiembre. Por lo que el decreto no se corresponde con lo ocurrido en la realidad.

Esto ya genera dudas sobre esa norma, que mereció una denuncia penal contra Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Justicia, Martín Soria, presentada por los diputados de Juntos por el Cambio Fernando Carbajal y Pedro Galimberti. La causa la tienen el fiscal Eduardo Taiano y el juez Julián Ercolini.

El decreto presidencial que pone a Figueroa en funciones desde el 9 de agosto pasado le da un argumento más a Cristina Kirchner en su defensa judicial. Esto es así porque Cristina Kirchner recurrió la reapertura de los casos Hotesur/Los Sauces y su argumento constitucional para llegar a la Corte es que faltó el voto de Figueroa, lo que violó el principio del juez natural. Lo cierto es que cuando se firmó ese fallo Figueroa ya no era jueza, por decisión de la Corte.