En busca de la verdad
En busca de la verdad
Lo hizo a través de un decreto real que no necesita la aprobación del Congreso. Duros cuestionamientos de la oposición.
En una Europa plagada de muros fronterizos, el gobierno socialista español aprobó este martes su anunciado plan de regularización masiva de inmigrantes a contramano de las políticas antinmigratorias que se extienden por la mayoría de los países de la UE.
El proyecto, según cálculos oficiales, podría beneficiar a medio millón de personas, en su mayor parte latinoamericanas.
En el caso de los argentinos, los datos oficiales fijan en 415.000 los radicados en suelo español, el 44% de los cuales tiene doble nacionalidad. Se estima que los argentinos sin documentos son una minoría.
Para facilitar su aplicación, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó este martes el plan mediante un "real decreto", que no precisa de ser sometido a votación en el Parlamento, donde el Ejecutivo no cuenta con mayoría.
El presidente de la AFA se presentó como damnificado en una causa por extorsión. Denunció una maniobra en su contra por haber rechazado un pedido ligado al negocio de las fotomultas como titular del CEAMSE.
La medida permitirá regularizar en torno a "medio millón de personas" que se encuentren en España desde hace al menos cinco meses. Deben haber llegado al país antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales, afirmó la ministra de Migraciones, Elma Saiz, en la televisión pública.
El plan, aprobado este martes en el Consejo de Ministros, prevé que las tramitaciones se inicien a partir de abril y hasta el 30 de junio, para que los extranjeros puedan "trabajar en cualquier sector, en cualquier lugar del país", detalló la ministra.
"Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social", dijo Saiz posteriormente en rueda de prensa.
El Gobierno español del socialista Pedro Sánchez es una excepción en materia migratoria dentro de la Unión Europea, en contraposición al endurecimiento de la política de muchos países del bloque, bajo la presión de la extrema derecha.
"Somos un país que defiende firmemente un modelo migratorio legal, seguro, ordenado, pero también abierto y humano frente a los que abogan por cerrar nuestras fronteras", dijo Sánchez recientemente.
Según el mandatario, "el 80% del crecimiento" económico de España en los últimos seis años y el 10% de los ingresos de la seguridad social del país se deben a la migración.
El desempleo en España cayó por debajo de la barrera del 10% en el cuarto trimestre de 2025. Una mayoría de los nuevos empleados son extranjeros, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística.
En noviembre de 2024, Sánchez ya anunció una reforma del reglamento de extranjería para regularizar a 300.000 personas por año en el siguiente trienio, y paliar así el envejecimiento de la población en un país donde el número de nacimientos se redujo un 25,6% desde 2014, según datos oficiales.
España cuenta con una población de 49,4 millones de habitantes, de los cuales 7,1 millones son extranjeros.
Al 1 de enero de 2025 residían unos 840.000 inmigrantes irregulares, la gran mayoría de América Latina, según el centro de investigación económica y social Funcas.
El economista y analista financiero Claudio Zuchovicki dialogó con Luis Majul en el ciclo de entrevistas de verano en El Observador 107.9.
"En la España socialista, la ilegalidad se premia. La política migratoria de Sánchez es tan disparatada como la ferroviaria", criticó en X Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular (PP, derecha), el principal de oposición. Además, afirmó que el plan busca "desviar la atención" de la tragedia ferroviaria que dejó 45 fallecidos en el sur del país el 18 de enero.
"¡500.000 ilegales! El tirano Sánchez odia al pueblo español. Quiere sustituirlo. Por eso pretende promover el efecto llamada por decreto, para acelerar la invasión", escribió de su lado en X Santiago Abascal, de Vox.
La medida fue aplaudida por sectores que llevan años luchando por la regularización de migrantes, entre ellos la Iglesia católica, que la consideró "un acto de justicia social".
La última regularización masiva en España ocurrió en 2005, bajo el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
(Con información de AFP)
.webp)
