En medio de una desaprobación ciudadana que ronda el 3%, la presidenta de Perú firmó un decreto que eleva su salario mensual de 4.500 a 10.000 dólares.

No obstante, el nuevo sueldo de Boluarte representa más de 35 veces el salario mí­nimo en Perú, que actualmente es de 288 dólares mensuales.

La medida fue ampliamente cuestionada en redes sociales y en los principales medios del paí­s. Algunos calificaron el aumento como "escandaloso" y acusaron a la mandataria de actuar de manera unilateral, al no recurrir a una instancia de discusión parlamentaria o técnica, como sí­ ocurre en otros paí­ses de la región, incluyendo Chile.

Boluarte ya ha enfrentado una serie de polémicas durante su gestión, entre ellas, la falta de transparencia en intervenciones médicas no informadas, el no nombramiento de interinos durante su ausencia del cargo, y la omisión de regalos de lujo en sus declaraciones patrimoniales.

Cabe recordar que la actual jefa de Estado no fue electa mediante sufragio directo, sino que asumió el cargo en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo. Desde entonces, su mandato ha estado marcado por protestas sociales, acusaciones judiciales y una creciente percepción de ilegitimidad polí­tica.

En el Congreso, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, citó al jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana; al titular de Economía, Raúl Pérez Reyes; y al presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), Guillermo Valdivieso, para que expliquen los fundamentos detrás de esta controvertida decisión.

Servir afirma que propuesta para incrementar salario presidencial es confidencial. 

Al respecto, Valdivieso precisó que Servir, como ente rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos en el sector público, no participó ni tuvo injerencia en la determinación ni del incremento, ni del monto final del sueldo presidencial. En entrevista con Canal N, detalló cuál fue el rol específico de la entidad.

"En realidad hay que hacer una precisión y creo que no se ha entendido bien lo señalado por el señor ministro de Economía y Finanzas. El acuerdo del Consejo Directivo de Servir es con respecto a la aprobación del cuadro de puestos de la entidad. Servir tiene que determinar cuántas posiciones debe tener una entidad pública, cuántas personas debe de tener y cuáles son los montos remunerativos, con excepción del monto del puesto de Presidente de la República. Ese es un aspecto que le corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas determinar cuando se aprueba", indicó.

Ministro de Economía ante el Congreso por incremento de sueldo a Dina Boluarte a S/ 35.568

Valdivieso explicó que el procedimiento administrativo establece que, cuando una entidad pública decide reorganizarse y migrar hacia el régimen de la Ley del Servicio Civil, debe presentar a Servir una propuesta para la aprobación del cuadro de puestos.

"Eso es aprobado por el Consejo Directivo, pero el monto del puesto de la República queda en blanco, porque eso, luego de la aprobación, pasa al ministro de Economía y Finanzas para que realice la evaluación correspondiente, ya que tiene un procedimiento especial que culmina en la aprobación de un decreto supremo con acuerdo del Consejo de Ministros", agregó.
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Finalmente, el funcionario aclaró que no participó en la decisión definitiva ni en la elaboración de un análisis comparativo con los sueldos presidenciales en otros países de la región, ya que ese tipo de estudios no forma parte de las funciones institucionales de la entidad.

Congreso podría anular el aumento: debate y futuro del decreto

El debate sobre el aumento salarial de Dina Boluarte sigue abierto tanto en instancias legislativas como en la opinión pública. Expertos advierten que la medida, pese a su oficialización, se mantiene sujeta a eventuales revisiones. De acuerdo con el exministro de Economía Luis Miguel Castilla, el Congreso tiene la facultad de dejar sin efecto el decreto que establece el incremento.

"Un decreto supremo puede ser derogado por una ley del Congreso. Eso ha pasado en otras ocasiones donde, si hay suficientes votos y hay una justificación, una ley deroga un decreto supremo", explicó al ser consultado sobre el caso.

Castilla también advirtió que sería posible modificar la Ley Servir, marco normativo sobre el que se autorizan los incrementos de sueldos a funcionarios de elección popular, incluido el presidente de la República. A la par, señaló que el Ejecutivo podría aprobar un nuevo decreto supremo si se intensifica el rechazo ciudadano o las tensiones políticas producto de esta medida.

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