Adriana Suárez Cervant, imputada por el horrendo crimen de su inquilino en Dorrego, Guaymallén, incumplía su prisión domiciliaria. Las cámaras de Google Street View la captaron en cuatro oportunidades, evidenciando la flagrante violación de la medida. El dispositivo electrónico de control falló repetidamente, permitiendo sus salidas sin alertar a las autoridades.

Pero la brutalidad del crimen eclipsó otra verdad: el Estado falló en proteger a las hijas de la acusada, víctimas de abandono y testigos involuntarias del demencial asesinato.

Suárez Cervant, con una condena previa de 6 años por diversos delitos, había obtenido la prisión domiciliaria durante la pandemia para "cuidar a sus hijas". Sin embargo, continuó delinquiendo desde su hogar.

Jessica Benítez, directora de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI), reconoció errores en el seguimiento de las menores. En 2019, ante un contexto familiar conflictivo, la custodia de las niñas fue otorgada a la abuela paterna. Pero la Justicia revirtió la decisión, permitiendo que la madre las cuidara, lo que condujo a los trágicos sucesos.

Las niñas no asistían a la escuela con regularidad, un claro indicador de la vulneración de sus derechos. La institución educativa no advirtió las ausencias.

El allanamiento policial reveló una escena espeluznante: el cuerpo desmembrado de un hombre, partes incineradas y otras diseminadas por la vivienda, un escenario de horror en el que vivían cinco niñas.

Las menores se encuentran hospitalizadas, sin signos evidentes de abuso sexual. Su futuro es incierto y se desconoce quién se hará cargo de ellas.

La intervención estatal, tardía, evitó que las niñas presenciaran el crimen. Nunca debieron estar en esa casa.

Ángel Jonatan Quiroz, de 32 años, ha sido imputado como partícipe necesario del homicidio agravado por ensañamiento.