Con 36 votos a favor y 5 en contra, la iniciativa resultó y ya son siete las jurisdicciones que adhirieron.
Fue durante la segunda sesión extraordinaria del año que los legisladores de Río Negro debatieron y aprobaron el proyecto de Ley de Ficha Limpia, impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck y con la contra del kirchnerismo. Se trata de la séptima provincia que aprueba esta iniciativa, dedicada a evitar que personas condenadas por delitos de corrupción sean candidatas o candidatos a cargos públicos electivos.
Pedro Pesatti, vicegobernador y quien presidió la sesión de este miércoles, aseguró que este logro implica "un punto de partida para la reconstrucción de la política argentina"? Además, señaló: "??En un escenario donde la política argentina transita una peligrosa pendiente de desconfianza y desencanto, la aprobación de Ficha Limpia impulsada por el Poder Ejecutivo, es el sistema más riguroso del país y de la región, y representa algo más que una declaración de principios: es una decisión concreta y necesaria para garantizar que los representantes públicos estén libres de cualquier sombra de corrupción o deshonra".
Desde la UCR también festejaron su aprobación: "La UCR felicita a sus legisladores provinciales Lorena Matzen y Ariel Bernatene por su trabajo para lograr que hoy Río Negro sea la séptima provincia en tener Ley de Ficha Limpia. Se sancionó con 36 votos a favor y 5 en contra del kichnerismo".
Bernatente agradeció "a quienes trabajan incansablemente por la transparencia", y Matzen, presidenta del bloque, redactó a través de sus redes: "¡Es un trabajo de muchos años que por fin da sus frutos! ¡Gran trabajo del partido a lo largo y ancho de la provincia y de la ciudadanía que se puso al hombro esta iniciativa!".
Dicha ley fue impulsada para garantizar la idoneidad de quienes aspiran a administrar recursos públicos y promover la transparencia y la ética en la política. La propuesta prohíbe que accedan a estos puestos aquellos condenadas por delitos como corrupción, lesa humanidad, entre otros. Además, los partidos políticos deben exigir a todos los precandidatos y candidatos un Certificado de Antecedentes Penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.