Casi a diario, las desdichadas excentricidades argentinas en la política y la economía suman ejemplos que desafían la imaginación y también la vergüenza. El rocambolesco cierre de las listas electorales antes de las PASO o las artimañas para dibujar un acuerdo con el FMI que oculte el incumplimiento masivo de las metas comprometidas en el último pacto son sólo los casos más frescos. Pero en la justicia también sobran copiosos incidentes que justifican la pésima evaluación popular sobre el desempeño de los magistrados.

El sobreseimiento exprés de Cristina Krichner, sus hijos y sus supuestos cómplices en las ostensibles operaciones de lavado de dinero a través de las empresas familiares Hotesur y Los Sauces, dispuesto por dos jueces del Tribunal Oral Federal 5 en noviembre de 2021, había trepado a la cima de la obscenidad, con una variante inédita: la justicia que no juzga.

Todos los alambrados habían caído: ya no se trataba de las infelizmente habituales chicanas procesales para demorar los expedientes hasta estacionarlos en el olvido, ni de la oportuna aparición o desaparición de pruebas y testigos mágicos que frenan o dan vuelta casos resonantes con el chasquido de los dedos, o el simple e impune cajoneo de carpetas durante años para beneficiar a funcionarios, empresarios o sindicalistas corruptos.

Ya era directamente enviar a la basura dos causas con su instrucción completa, con procesamientos confirmados en la Cámara Federal y elevaciones a juicio atiborradas de pruebas gravísimas, nada menos que contra la ex presidenta y actual vice del país.

Evitar el juicio oral -donde todas las partes deben demostrar sus argumentos y pretensiones ante un tribunal y el público presente en la sala o a través de Internet, al final de cuyo proceso se establece la inocencia o culpabilidad de los acusados- implicaba renunciar a la función excluyente de todo el Poder Judicial.

Ningún discurso kirchnerista, marcha hacia Tribunales, proyecto legal de refoma del fuero federal o proceso de juicio político a los ministros de la Corte habría causado más daño a la credibilidad de toda la estructura de la justicia argentina que si la muerte cerebral autoinflingida por los doctores Daniel Obligado y Adrián Grünberg desde el TOF 5 era avalada por la Casación Federal.

¿Qué excusa puede ser válida para fingir demencia y renunciar a la obligación de organizar un juicio que además ya estaba muy avanzada, con una lista de testigos aprobada? ¿Qué persona de bien, inocente de los hechos por los que se la acusa aceptaría otra cosa que limpiar su nombre con una sentencia de inocencia firmada por un tribunal oral?

Las respuestas parecen evidentes, pero no lo eran. Cumplidas las formalidades del proceso de apelación a fin del año pasado, la Sala I del máximo tribunal penal del país ya estaba en condiciones de emitir su decisión, y estaba obligada a hacerlo antes de marzo.

Pero pasaban los días y los meses, y pese a que dos de los jueces -Daniel Petrone y Diego Barroetaveña- hicieron trascender que sus votos ya estaban listos, faltaba el tercero, correspondiente a la presidenta de esa Sala: Ana María Figueroa.

Los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, que desde el TOF 5 habían sobreseído a Cristina y sus hijos sin hacer el juicio oral.Los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, que desde el TOF 5 habían sobreseído a Cristina y sus hijos sin hacer el juicio oral.

Misterios de una jueza clave

La veterana camarista era una pieza clave del caso, en que las presiones políticas cruzadas casi sepultan las razones jurídicas que acabamos de enumerar. En agosto Figueroa cumplió los 75 años que la Constitución establece como límite máximo para que los magistrados sigan en actividad, excepto que consigan un nuevo acuerdo del Senado por cinco años más.

Esa llave que la doctora busca usar estaba en manos de los senadores, presididos por la persona acusada en el expediente más importante que debía resolver Figueroa: Cristina Kirchner.

Aunque la pretensión podría haber sido causa de su inmediata excusación para entender en el caso Hotesur, eso no ocurrió, y durante meses existió una suerte de amenaza cruzada, al mejor estilo de los westerns con pistoleros que desenfundan sus armas y se apuntan simultáneamente: mientras el Senado discutía extender el acuerdo de Figueroa, la jueza pisaba su voto -y con ello, la resolución del caso- que más importa a la vicepresidenta.

La vergonzosa novela concluyó hace dos semanas, cuando luego de que Clarín publicase que la camarista había cobrado su sueldo de agosto completo -3,7 millones de pesos- aunque no trabajaba desde el día 9, la Corte se decidió al fin a terminar con el asunto y la echó de la justicia, sin hacer otra cosa que su trabajo: interpretar la Constitución según su propia jurisprudencia, establecida para este caso en el único antecedente del juez Leopoldo Schiffrin.

La jueza de casación penal Ana María Figueroa, en su paso por el Senado para defender la renovación de su acuerdo, el mes pasado. Foto Federico Lopez Claro.La jueza de casación penal Ana María Figueroa, en su paso por el Senado para defender la renovación de su acuerdo, el mes pasado. Foto Federico Lopez Claro.

El juicio oral, una Caja de Pandora

Volvamos al caso Hotesur, uno de los más comprometidos para la vice. Luego de la luz verde de la Casación -que seguramente será apelada por el abogado Carlos Beraldi ante la Corte- se tendrá que sortear al menos a dos jueces para integrar el nuevo Tribunal Oral, ya que la doctora Adriana Pallioti no convalidó la jugada de sus colegas para sobreseer a los acusados sin juzgarlos, y está en condiciones de hacerlo.

Ellos sacarán del freezer el trabajo que ya estaba avanzado para iniciar las audiencias, a cuyo comienzo deberán fijarle fecha. Esos pasos podrían darse durante el año que viene.

Entonces comenzará el juicio, y quedará claro por qué Cristina hizo lo imposible por evitarlo. Todavía está fresco el antecedente del caso Vialidad, donde los testigos dieron vida a los miles de fojas de la instrucción que nadie conocía, y quedaron expuestas las martingalas para beneficiar al socio de la vicepresidenta, Lázaro Báez. Él también está acusado en el caso Hotesur, como cliente de los hoteles de la familia Kirchner. Decimos cliente y no usuario, justamente porque en el caso se comprobó que el contratista pagaba por cientos de cuartos que jamás usaba, "devolviendo" parte del botín que había amasado con las obras públicas que no terminaba o siquiera iniciaba.

La traumática experiencia de Vialidad espanta a la principal acusada en Hotesur: ya no es la incómoda foto en el banquilo que la mortificaba en 2019, sino las pruebas ventiladas a los cuatro vientos y alegatos demoledores como el del fiscal Diego Luciani, hasta ahora irrebatibles.

Por último, pero casi más importante que nada, la kryptonita inevitable en el expediente que acaba de revivir es que también tenía entre sus acusados a Máximo y Florencia Kirchner, principal desvelo de su madre. El diputado es apuntado como supuesto organizador de la asociación ilícita que habría dirigido su mamá, y su hermana como partícipe de las maniobras de lavado, pues fue directora de la inmobiliaria Los Sauces, la otra empresa familiar investigada por lavado.

15 de noviembre de 2017 Florencia Kirchner se retira de los Tribunales Comodoro Py junto al abogado Carlos Beraldi, luego de su indagatoria en el caso Hotesur. Foto archivo Clarín.15 de noviembre de 2017 Florencia Kirchner se retira de los Tribunales Comodoro Py junto al abogado Carlos Beraldi, luego de su indagatoria en el caso Hotesur. Foto archivo Clarín.

Hasta que en agosto de 2017 el juez Claudio Bonadio ordenó que dejaran de pagarle su salario por esa función, Florencia cobraba un sueldo que en octubre de 2016 fue de 61.229,55 pesos en mano. Aunque su rol era de “directora sin funciones asignadas, sin carga horaria y con domicilio en Buenos Aires”, el salario incluía ítems como "asistencia perfecta". Un detalle: Los Sauces funcionaba en Río Gallegos.

Hasta los funcionarios judiciales más comprometidos con la acusación admitían en privado que Florencia no fue artífice de ninguna maniobra ni tuvo un rol activo en el supuesto lavado, pero su firma en los opacos balances de la empresa y su responsabilidad como directiva era un escollo demasiado alto aún para quienes buscaban beneficiarla.

Trazar la cuadratura de ese círculo fue el pedido que un alto emisario K llevó a los despachos de la Corte Suprema de Justicia en el verano de 2020, días antes de que estallara la pandemia: Wado De Pedro, ministro del Interior y astilla real del árbol kirchnerista intentó esa gestión apenas comenzó el gobierno. Dicen en tribunales que sólo logró llevarse un café en su estómago. Luego ocurrió el zafarrancho del TOF 5, y ahora la reapertura del caso.

Fuentes muy bien informadas insisten en que aquellos pedidos de clemencia para Florencia se reactivaron en los últimos meses, y finalmente lograron comprensión. Para satisfacerlos, el juicio oral y sus imponderables habrían sido una complicación. Pero la mano salvadora se extendió justo a tiempo.