No se trata de desmerecer una profesión, sino de cuestionar la lógica de ciertos nombramientos políticos. Porque dirigir una empresa de agua y saneamiento requiere capacidad de gestión, conocimiento del sector y, fundamentalmente, la humildad suficiente para escuchar a quienes realmente dominan la materia.

En este contexto, también merece atención la situación de los profesionales especializados dentro del organismo. Las versiones sobre la salida de técnicos y expertos, presuntamente hartos de una conducción que desoía sus recomendaciones, plantean otro interrogante: ¿qué sucede cuando la soberbia política se impone sobre el conocimiento técnico?

De confirmarse esas salidas y sus motivos, el problema sería todavía más profundo. Porque una cosa es no dominar personalmente todos los aspectos técnicos de un organismo y otra muy distinta es prescindir de quienes sí están preparados para hacerlo.

La conducción política no otorga conocimientos por arte de magia. Mucho menos convierte a un diseñador gráfico en especialista.

Una trayectoria con cuestionamientos

El paso de Mingorance por Aysam no fue su primera experiencia al frente de un área de enorme responsabilidad pública. Anteriormente, ocupó durante ocho años la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, donde estuvo vinculado al proyecto de transformación del antiguo zoológico en Ecoparque.

Un proyecto que prometía modernizar el espacio y mejorar las condiciones de los animales, pero cuyo desarrollo estuvo atravesado por demoras, controversias y cuestionamientos. A esto se sumaron las críticas por la administración del Parque General San Martín, otro de los espacios públicos más importantes de la provincia.

Su extensa trayectoria dentro del Estado plantea una discusión que excede su nombre: ¿cuánto pesan la formación y los resultados de gestión cuando se decide quién debe ocupar un cargo?

¿Idoneidad o un puesto más en el reparto político?

En cualquier ámbito laboral, una persona debe demostrar conocimientos, formación y experiencia para acceder a un puesto de responsabilidad. Sin embargo, en determinados espacios de la administración pública, la confianza política parece convertirse en una credencial suficiente para asumir funciones muy distintas entre sí.

Por supuesto, un funcionario no tiene por qué ser especialista en cada uno de los asuntos que administra. Para eso existen equipos técnicos. Pero sí debería contar con herramientas para comprender los problemas, tomar decisiones fundamentadas y, especialmente, reconocer cuándo debe escuchar a quienes saben más.

Porque el problema no es solamente no saber. El verdadero problema comienza cuando alguien cree que, por ocupar un cargo político, ya no necesita aprender ni escuchar.

Y mientras las responsabilidades se distribuyen entre funcionarios de confianza, las consecuencias de las malas decisiones pueden terminar afectando a los ciudadanos. En este caso, a vecinos que debieron convivir con desbordes cloacales, malos olores y la preocupación por la contaminación ambiental.

La renuncia de un funcionario no debería cerrar automáticamente la discusión sobre su gestión. Por el contrario, debería abrir un debate sobre los mecanismos de selección, la evaluación de resultados y las responsabilidades de quienes administran recursos públicos.

Porque, al final, la pregunta es bastante simple: ¿no deberíamos exigir como ciudadanos que quienes están al frente de los organismos públicos cuenten con la idoneidad necesaria para ocupar esos cargos, en lugar de aceptar que se repartan como un puesto más dentro de la política?