La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa clave que incluye cambios a la media sanción del Senado y que prioriza la restitución de la Ley de Tierras. El oficialismo consiguió reunir el quórum con 133 bancas ocupadas gracias al acompañamiento de legisladores del PRO, la UCR, el MID y fuerzas provinciales, logrando una votación de 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones.

La normativa introduce modificaciones en materia de expropiaciones, regularización dominial, desalojos y modernización del Registro de la Propiedad Inmueble. Su eje central radica en la incorporación de los artículos 38 y 39, los cuales derogan el artículo 134 del DNU 70/2023 y restituyen la vigencia de la Ley 26.737, sancionada en 2011. De esta manera, se reimplantan los topes estrictos que impiden que personas y empresas extranjeras posean más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal.

Asimismo, en el apartado sobre expropiaciones se fijaron mayores restricciones para el Estado, exigiendo un estricto fin de utilidad pública evaluado bajo un test de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, además de la obligación de abonar la indemnización total -incluyendo valor de mercado y lucro cesante debidamente acreditado- antes de transferir el dominio.

Cruces políticos en el recinto

El debate dejó expuestas las tensiones y los pases de factura entre oficialistas y opositores. Desde el bloque libertario, Santiago Santurio abrió la discusión enfocándose en los alcances de la propiedad privada, mientras que sectores de la oposición celebraron lo que consideraron un retroceso del Gobierno respecto a la desregulación original.

El diputado peronista Diego Giuliano ironizó sobre el giro oficial: "Han vuelto a ratificar la Ley de Tierras Rurales. Ha sido una vuelta de campana que dio el oficialismo en función de bajar los decibeles de la inmensa oposición que provocó la extranjerización de la tierra". En una línea similar, el referente de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionó duramente la política oficial: "Hoy tenemos al oficialismo reculando en chancletas y proponiendo dejar sin efecto un artículo de un DNU totalmente inconstitucional que defienden a capa y espada".

Por su parte, la diputada oficialista Mercedes Llano defendió el eje central de la norma al sostener que "la inviolabilidad de la propiedad privada constituye uno de los pilares fundamentales consagrados en nuestra Constitución Nacional para garantizar la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y la paz social". En representación de la UCR, la legisladora Pamela Verasay remarcó la postura de su espacio de construir acuerdos institucionales por fuera de los extremos y criticó la utilización de la cámara con fines de campaña electoral.

Fracasó la prórroga de la emergencia en salud pediátrica

En la misma jornada legislativa, el interbloque opositor no logró alcanzar la mayoría calificada de tres cuartas partes del cuerpo requerida para aprobar sobre tablas la prórroga de la Ley de Emergencia en Salud Infantil.

La propuesta había sido impulsada por el diputado de Unión por la Patria Pablo Yedlin ante el inminente vencimiento de la norma, destinada a garantizar el acceso a la salud pediátrica y sostener el sistema de residencias médicas. El oficialismo rechazó la medida por intermedio de la diputada Silvana Giudici, quien argumentó que el Hospital Garrahan no se encuentra en situación de emergencia y endilgó deudas millonarias a obras sociales provinciales como el IOMA. Por su parte, los representantes del Frente de Izquierda exigieron la continuidad de la asistencia estatal ante la crisis del sector.