Por Sergio Prunam

La preocupación de las pequeñas y medianas empresas por los embargos de ARCA podría estar convirtiéndose en un problema de mayor alcance. Según información publicada, entre enero y agosto de 2026 se habrían registrado 135.744 embargos sobre empresas, un 52% más que en el mismo período de 2025. Más de 113.000 medidas habrían recaído sobre microempresas.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) han planteado preocupaciones por las ejecuciones fiscales y sus consecuencias sobre la actividad productiva. Estos reclamos merecerían una respuesta concreta de las autoridades.

Pero habría una cuestión que requeriría especial atención: las denuncias de contribuyentes que habrían sufrido embargos sin notificación previa efectiva, reclamos de honorarios y ejecuciones por obligaciones que aseguran haber pagado. Entre los nombres mencionados por afectados figuran recurrentemente los abogados López Cuitiño y Beuret, cuyas actuaciones deberían revisarse con especial cuidado, sin dar por probada ninguna irregularidad antes de examinar la documentación.

Pasemos a un caso: una pyme habría pagado sus impuestos y, poco después, se encontraría con una demanda judicial o una cuenta embargada. Si el pago hubiera sido realizado antes de la presentación de la demanda, correspondería determinar por qué se habría iniciado la ejecución, si el pago fue correctamente imputado y si se habría cumplido con las notificaciones exigibles. Una situación semejante podría comprometer el dinero destinado a salarios, proveedores y gastos operativos.

Y en muchos casos el inicio de la demanda es extrañamente coincidente con el día de pago o demasiada cerca al mismo. La cercanía entre las fechas de pago y las demandas, cuando se verificara, también justificaría una revisión documental. Por sí sola no demostraría una conducta irregular, pero sí podría ser un motivo suficiente para solicitar explicaciones y descartar errores o actuaciones improcedentes.

El pedido de la Came y otras asociaciones

Solicitaron a ARCA, al Ministerio de Economía y a los organismos de control competentes:

• Una auditoría independiente de los expedientes cuestionados, incluidas las actuaciones atribuidas a López Cuitiño y Beuret.

• La revisión urgente de las ejecuciones en las que se denunciaran pagos anteriores a las demandas o problemas de notificación.

• El levantamiento de los embargos improcedentes y la restitución de importes cobrados indebidamente.

• La investigación y eventual sanción de quienes resultaran responsables, incluidos los funcionarios que hubieran omitido actuar pese a conocer irregularidades comprobadas.

No se cuestionaría el derecho del Estado a cobrar los impuestos legítimamente adeudados. Se reclamaría que ese derecho se ejerciera con controles, transparencia y respeto por las garantías de los contribuyentes.

Si todo se hubiera realizado conforme a la ley, los expedientes deberían poder demostrarlo. Si se hubieran cometido irregularidades, correspondería investigarlas y establecer responsabilidades. Y si los organismos de control hubieran recibido denuncias fundadas sin intervenir, deberían explicar los motivos de su inacción.

Las pymes no pedirían privilegios, sino justicia y previsibilidad para seguir trabajando. Porque un embargo eventualmente improcedente podría terminar perjudicando no solo a una empresa, sino también a sus trabajadores, proveedores y familias. La gravedad de estas denuncias merecería respuestas, no silencio.