La apertura de sesiones dejó algo más que gritos y gestos incómodos. El discurso de Javier Milei fue, ante todo, un balance político con números sobre la mesa. Y ahí es donde conviene detenerse.

El Presidente defendió con énfasis la baja del gasto público. Dijo que en sus primeros años de gestión el ajuste no fue una promesa sino un hecho concreto: recorte fuerte en partidas, eliminación de transferencias discrecionales y reducción de estructuras del Estado. Según el Gobierno, eso permitió alcanzar superávit fiscal después de años de rojo crónico. Un dato que, guste o no, cambia el eje de la discusión.

También destacó la reducción en la planta de empleados públicos. Menos contratos, menos cargos políticos, menos organismos superpuestos. Un mensaje directo a una sociedad que durante años vio cómo el Estado crecía mientras los servicios no mejoraban.

Hubo otro punto que sorprendió: el superávit de empresas estatales que históricamente fueron deficitarias, entre ellas Aerolíneas Argentinas. Milei subrayó que lo que antes requería millonarias transferencias ahora muestra equilibrio en sus cuentas. Para el oficialismo, es la prueba de que la disciplina fiscal también puede aplicarse en compañías públicas.

En materia económica, remarcó la desaceleración de la inflación respecto de los picos heredados y habló de una mejora en los indicadores de empleo tras el impacto inicial del ajuste. Admitió que el comienzo fue duro, pero sostuvo que la tendencia empieza a mostrar señales de ordenamiento.

Además, puso en valor las leyes aprobadas en las sesiones extraordinarias: la modernización laboral -que ya es ley- como herramienta para facilitar la contratación, reducir la litigiosidad y dar previsibilidad a empleadores y trabajadores; reformas orientadas a desregular sectores de la economía; normas vinculadas al fortalecimiento del equilibrio, inocencia fiscal y ley penal juvenil.

Pero no se quedó ahí. También lanzó críticas duras a empresarios que, según él, presionan con despidos masivos como mecanismo de extorsión frente a la apertura económica. El caso de Fate estuvo en el centro de esa referencia. Milei dejó claro que no habrá privilegios para quienes durante años vivieron protegidos y ahora amenazan con cerrar o despedir si cambian las reglas.

Ahora bien, más allá de los anuncios y los números, el clima político volvió a tensarse. Hubo interrupciones, chicanas y respuestas filosas. Y ahí aparece la reflexión necesaria: los legisladores deben respeto a la investidura presidencial. Escuchar no es rendirse. Pero el Presidente también debe cuidar las formas. La firmeza no está reñida con la institucionalidad.

La Argentina atraviesa una etapa de cambios profundos. Con logros que el oficialismo exhibe como históricos y con resistencias evidentes. Si algo dejó esta Asamblea es una certeza: los números pueden mejorar, las leyes pueden aprobarse, pero sin respeto mutuo entre poderes, la democracia se desgasta.

Tal vez el verdadero desafío no esté solo en la economía. Tal vez esté en recuperar algo básico: la calidad institucional. Porque sin respeto, no hay República que aguante.