Si le llegó la boleta de la luz en Julio debe estar bastante alarmado por lo que tiene que pagar. El gobierno nacional sigue quitando subsidios, pero en Mendoza, incluso los que tienen subsidio, han visto incrementar increíblemente lo que tienen que pagar por el servicio de energía eléctrica.

Hace unos días le contábamos los incrementos de más del 800%. en el transporte, o pasaje de colectivo y de un 132.46% en 2023 y 301.78% para 2024 en el servicio de agua potable y cloacas de A. y Sa. M., pero parece que la lapicera del gobierno de Mendoza no se quedó conforme con esos tremendos ajustes.

De acuerdo a los datos el EPRE (Ente Provincial Regulador Eléctrico) y otras fuentes oficiales desde noviembre de 2023 hasta julio de 2024, las tarifas eléctricas se han triplicado sin razón aparente. Este aumento no es solo un número.

Si comparamos estos aumentos con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la diferencia es abismal.

Entre noviembre de 2023 a julio de 2024, unos 9 meses, o sea 5 bimestres, la inflación alcanzó un 96.5%, mientras tanto las tarifas de la energía eléctrica, tanto fijas como variables, para usuarios residenciales subieron más del 300%, según el EPRE.

 Esto es una violación directa de la Constitución, ya que estos aumentos se aplicaron sin audiencias públicas, eliminadas por el Decreto 2348 del exgobernador Suarez, ignorando un fallo de la Corte Suprema.

Los incrementos de noviembre, febrero, junio y julio se basaron en un método conocido como FAV (Factor de Adecuación de VAD Propio), que solo contempla los argumentos de ingresos solicitados por las distribuidoras de energía. El resultado es tarifas infladas y ganancias garantizadas para ellas, mientras Usted se pregunta cómo pagar la próxima factura.

A todo esto, yo me pregunto ¿dónde están los legisladores que tienen que controlar esto? ¿O acaso no son usuarios de las compañías eléctricas? ¿No están ahí para representar al pueblo? ¿Cuál es el papel del EPRE?

Como si esto fuera poco se prorrogó el contrato de concesión de EDEMSA hasta 2048 sin competencia, asegurando 20 años más de servicio a los actuales concesionarios.

La manipulación de tarifas y la falta de transparencia no solo son una burla a los principios básicos de justicia económica, sino también una burla a la capacidad de los ciudadanos para influir en decisiones que afectan sus vidas diarias.

El aumento de las tarifas de electricidad no solo es desproporcionado, sino que también viola derechos fundamentales, genera pobreza energética y beneficia a las distribuidoras a costa de los usuarios.

Los entes de control deben ser ocupados por personas idóneas que lleguen por concurso y no por la decisión política del gobernador de turno. Es necesario, que la Justicia intervenga investigando y revisando estos aumentos desproporcionados de tarifas para evitar que sea la propia gente la que salga a la calle a buscar justicia.