El gobierno de Javier Milei informó que, a partir del 1° de noviembre, los clubes del fútbol argentino que deseen hacerlo podrán convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) permitiendo el ingreso de capitales privados, entre ellos los extranjeros.

A fines de diciembre, cuando entró en vigencia el DNU 70/2023 de desregulación de la economía, el Gobierno modificó la ley de deportes 20.655 y habilitó la posibilidad de que las sociedades anónimas formen parte del denominado Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física. Según dispuso la IGJ, "debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles en asociaciones anónimas".

Quedó claro que, en los últimos días, el Poder Ejecutivo comenzó a darle forma al marco jurídico del nuevo modelo que ya funciona en otros países. Sin embargo, el estatuto de la AFA estipula que para formar parte de la Asociación del Fútbol Argentino los clubes deben revestir el carácter de asociaciones civiles sin fines de lucro. Posible conflicto en puerta.

El principal objetivo de las Sociedades Anónimas Deportivas se centra en la generación de ingresos persiguiendo fines económicos. Esto -en principio- choca contra el actual modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro imperante en la Argentina, que le otorga a los clubes deportivos una función social y culturalque va más allá de la promoción de los deportes. Atendiendo a este principio, las entidades civiles sólo persiguen obtener ganancias para poder hacer sostenibles sus objetivos socioculturales.

"Somos defensores de las asociaciones civiles sin fines de lucro y buscamos fijar una posición institucional como Asociación del Fútbol Argentino", reiteró en varias oportunidades Claudio "Chiqui" Tapia. En el Gobierno aseguran que las sociedades anónimas deportivas serán un imán para grandes inversiones extranjeras o de capitales privados que quieran hacerse cargo del gerenciamiento de las instituciones. "Muchos Clubes lo necesitan", retrucaron.

La polémica no es nueva y la discusión se da en la Argentina desde los años 90, en tiempos del gobierno menemista.

Lo cierto es que la forma jurídica -ya sea SAD o asociación civil sin fines de lucro- no garantiza una buena o mala administración. Convendría preguntarse entonces por qué la AFA siempre logró frenar los proyectos en el Congreso que impulsaban un cambio de sistema. Una primera respuesta podría poner el dedo en una llaga que ya está a la vista de todos: El fútbol argentino tiene dirigentes ricos y clubes pobres. La causa noble de sostener una asociación civil donde los socios -reunidos en asamblea- tienen voz y voto termina siendo una pantalla para ocultar la riqueza de unos pocos dirigentes.

Pongamos la lupa en el mercado de pases. Cualquier jugador -con aptitudes deportivas- de las inferiores de un club pequeño del ascenso puede saltar al exterior sin que la institución que lo formó vea un solo peso. El mecanismo es bastante simple: algún dirigente sin escrúpulos lo deja "libre", con la excusa de un bajo rendimiento en la cancha, y luego negocia a título personal el pase del menor al exterior con su representante. Llueven los millones.

Vale recordar que cada club debe presentar sus balances ante la IGJ, pero nadie controla fehacientemente la marcha de la administración. Sin mencionar que hay clubes de renombre que adeudan sus presentaciones desde hace años.

En el actual formato de asociaciones civiles existen clubes que, en su estatuto, prevén que la comisión directiva asuma responder solidariamente con su patrimonio personal por eventuales disminuciones en el patrimonio del club, como consecuencia de sus gestiones. Lo cierto es que esto nunca ha sucedido.

Los conceptos de equidad y justicia no dependen del traje a medida con el que se arrope a los clubes y sus dirigentes. Dependen de una administración seria con la mirada puesta en el crecimiento y desarrollo de las instituciones deportivas. La contracara para los administradores que se sirvan de los clubes para vaciarlos en beneficio personal debe ser clara y unívoca: La cárcel.

Las autoras son Legisladoras porteñas por Confianza Pública.

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