El organismo internacional emitirá su dictamen el próximo 28 de noviembre en Hamburgo. El Gobierno de Javier Milei reclamó la suspensión inmediata de las actividades hidrocarburíferas del proyecto Sea Lion hasta que se resuelva la disputa de fondo.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) comunicó que prevé pronunciarse el próximo sábado 28 de noviembre sobre la solicitud de medidas provisionales elevada por la República Argentina. La presentación busca detener de forma preventiva el avance del desarrollo petrolero británico Sea Lion en el área marítima que rodea a las Islas Malvinas.
El anuncio fue realizado por el presidente del tribunal, Maurice Kamga, al término de las audiencias orales celebradas en Hamburgo, Alemania. La resolución será leída a las 12:00 (hora local, 8:00 de la Argentina), en una fecha tentativa sobre la cual deliberará el cuerpo de magistrados tras las exposiciones cruzadas entre las delegaciones de ambos países.
La demanda argentina, presentada en octubre pasado, solicita la suspensión inmediata de las perforaciones e instalaciones de infraestructura, el cese de nuevas licencias sobre la plataforma continental en disputa, la preservación de la información de exploración y la adopción de garantías de protección ambiental.
La delegación argentina cerró sus alegatos y pidió medidas provisionales para frenar nuevas perforaciones e instalaciones de producción. Ahora espera la decisión del Tribunal.
Durante los alegatos, la representación nacional -liderada por el embajador Mario Oyarzábal junto a los juristas Nico Schrijver y Marcelo Kohen- enfatizó el carácter irreversible de la extracción hidrocarburífera. La defensa sostuvo que las operaciones extractivas podrían comenzar a inicios de 2027, antes de que el tribunal arbitral principal aborde la cuestión de fondo, y argumentó que el organismo posee atribuciones para dictar cautelares sin necesidad de resolver en esta etapa el diferendo de soberanía.
Por su parte, la representación del Reino Unido desestimó el planteo al sostener la incomprensión del organismo para intervenir en disputas de soberanía territorial, rechazando además la existencia de un escenario de urgencia inminente.
La decisión del próximo 28 de noviembre determinará si se imponen restricciones a la firma operadora mientras se constituye el tribunal arbitral definitivo, en lo que constituye un hito para la estrategia judicial y diplomática de la Argentina respecto a los recursos naturales del Atlántico Sur.