La filtración de un video del brutal ataque a Lara Gutiérrez, víctima del triple crimen de Florencio Varela, ha indignado a sus familiares. Ellos responsabilizan a los jueces federales Sandra Arroyo Salgado (San Isidro) y Ernesto Rodríguez (Morón) por la difusión de un material que debía ser confidencial, anunciando acciones legales, administrativas y disciplinarias.

El reclamo se centra en Arroyo Salgado, cuyo juzgado incorporó una descripción de las imágenes en una causa federal por narcotráfico. Allegados a la magistrada afirman que el video se puso a disposición de ambas investigaciones, no se difundió, y su inclusión en el expediente fue una obligación funcional, desconociendo el origen de la filtración.

Los familiares de Lara expresaron su indignación, recordando solicitudes previas al Juzgado Federal N°2 de Morón para evitar la difusión de material sensible, como ya ocurrió con fotografías de las autopsias. Consideran "inadmisible" la negligencia judicial que permitió la filtración, comprometiendo la investigación y revictimizando a las familias.

La abogada Verónica Veliz, representante de la familia, adelantó denuncias contra ambos magistrados por su presunta responsabilidad en la filtración o la falta de control. También exigen la intervención de autoridades judiciales superiores para evitar que este incidente contamine o desvíe la causa.

El comunicado familiar también identifica a "Roger", mencionado en el video, como posible alias de Alex Roger Idone, actualmente prófugo, alertando sobre el riesgo de hipótesis no corroboradas.

El video, recuperado del teléfono de Daniel Tello Chacón (imputado en la causa de narcotráfico de Arroyo Salgado), fue recibido el 24 de septiembre y eliminado de la aplicación Zangi. La jueza vinculó el contenido con el triple crimen, observando a una mujer (identificada como Lara Gutiérrez por coincidencias físicas, vestimenta y entorno) siendo atacada por cuatro hombres, mientras una voz que ella identifica como "Roger" la interroga, amenaza e imparte órdenes. Las amenazas en el video incluyen frases como "Subestimaron a los peruanos. ¿Qué pensaste? ¿Los peruanos son giles?" y "Vas a hablar o no? Vuelale el dedo, por chorra".

La filmación también es relevante para la investigación de la estructura narco, pues, según la jueza, evidencia la "violencia extrema como instrumento de disciplinamiento, interno y externo" de la organización, no como un hecho aislado.

La identificación de "Roger" por Arroyo Salgado es un punto clave. Si bien la investigación del triple crimen se había centrado en Tony Janzen Valverde Victoriano ("Pequeño J"), la jueza identificó a Pablo Daniel Macalopu Cafferata como el usuario de ese alias, atribuyéndole el rol de organizador de una presunta red de tráfico de cocaína, activa desde enero de 2024.

En allanamientos de octubre, se incautaron 207 kg de cocaína en La Reja y 15 kg más en otro inmueble vinculado, además de armas y dinero. La hipótesis de Arroyo Salgado es que Macalopu Cafferata dirigía la organización y coordinaba la recepción de cargamentos.

Los integrantes de la organización narco, según la Justicia, serían: Yvan Nuñez Medina (coordinación y comercialización), Erick Alexis Dávila García (recepción y traslado de droga), Daniel Tello Chacón (custodia y entregas), Daniel Alcázar Curotto (colaborador en recepción y entrega) y Héctor Darío Mansilla (camionero de cargamentos).

El triple crimen de Florencio Varela (Juzgado Federal N°2 de Morón) y la investigación por narcotráfico (Juzgado Federal N°1 de San Isidro) son causas separadas, pero con posibles conexiones. El video hallado en la causa de narcotráfico se incorporó a ambas, pero su difusión generó un nuevo conflicto.

Familiares piden respeto y justicia. La Fiscalía Federal N°2 de Morón, a cargo de Mariela Labozzetta, solicitó a los medios no difundir las imágenes y videos vinculados a los femicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez (septiembre de 2025). El objetivo es evitar la revictimización y proteger la investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, en cumplimiento de tratados internacionales y leyes nacionales que protegen a las mujeres y víctimas de delitos en contextos de violencia organizada.