El Gobierno apunta a llevar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al recinto de Diputados el jueves 12 de noviembre, después de la visita del papa León XIV a la Argentina. La fecha fue confirmada este martes durante una reunión entre el oficialismo y los bloques aliados, según informaron fuentes de la Casa Rosada. La Libertad Avanza busca conseguir el dictamen esta semana y acelerar el tratamiento de una iniciativa que Javier Milei considera prioritaria para su gestión.

"La idea es sesionar el 12 por Malvinas", aseguran en Nación. La fecha fue comunicada durante un encuentro con los aliados, aunque todavía no existe una convocatoria formal para el recinto. En el Gobierno sostienen que el objetivo es cerrar las negociaciones pendientes y llegar a noviembre con el proyecto en condiciones de ser votado.

Allegados a Flávio Bolsonaro confirman que viaja a EEUU y aseguran que Donald Trump le daría asilo político

Mundo

El paradero de quien fue candidato presidencial y es senador por el Partido Liberal, todavía fue confirmado por él, pero desde su entorno aseguran que estaría viaja con destino a Florida. La Supremo Tribunal Federal le había prohibido la salida del país y ordenado ordenó entregar sus pasaportes.

La nueva hoja de ruta se definió después de que el Ejecutivo aceptara modificaciones sustanciales al texto original. En Nación reconocen que las concesiones permitieron acelerar las conversaciones con el PRO, la UCR y otros espacios dialoguistas. "Admitimos modificaciones y se aceleró. Estamos tirando todos para el mismo lado", expresó otra fuente oficial involucrada en las negociaciones parlamentarias.

El primer paso será conseguir el dictamen en el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, convocado para este martes. El oficialismo llega a la reunión después de cuatro encuentros sin alcanzar los respaldos necesarios y de una postergación durante la semana pasada. En la Casa Rosada transmiten una evaluación más favorable sobre la posibilidad de reunir las firmas, aunque todavía no dan el resultado por asegurado.

"Se va a intentar cerrar el dicamten hoy", sostenían en el oficialismo durante la mañana. Más allá de las dificultades para reunir las firmas, en las filas libertarias mantuvieron su expectativa de que el proyecto avance: "Creemos que sale hoy". La conducción parlamentaria trabaja sobre una nueva versión del texto y mantiene abiertas las conversaciones con los legisladores que todavía plantean objeciones.

El calendario legislativo es uno de los factores que explican la decisión de apuntar al 12 de noviembre. En el Ejecutivo advierten que varios diputados viajarán a Estados Unidos para seguir las elecciones legislativas del 3 de noviembre y que la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11, limitará la actividad parlamentaria. La intención es retomar las sesiones apenas concluya la agenda del pontífice en el país.

La decisión también modifica la organización de una agenda que tiene al Presupuesto 2027 entre sus principales prioridades. El oficialismo mantiene como objetivo llevar la ley de gastos y recursos al recinto durante la segunda mitad de noviembre y necesita distribuir las negociaciones para evitar que se acumulen proyectos sin tratamiento. En Nación consideran que adelantar la votación de Malvinas permitiría concentrar después los esfuerzos parlamentarios en el Presupuesto y otras reformas pendientes.

Uno de los cambios más importantes está en el alcance de las sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas. El Gobierno aceptó limitar la responsabilidad de proveedores y accionistas para evitar que las penalidades alcancen indiscriminadamente a compañías con relaciones económicas indirectas. La modificación se produjo después de las observaciones de Estados Unidos sobre las consecuencias que podía tener la redacción original para sus empresas y fondos de inversión.

El nuevo borrador exige que los proveedores suministren bienes o servicios indispensables para las actividades prohibidas y que conozcan, o no puedan razonablemente desconocer, su destino. También contempla excepciones para accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y fondos de inversión sin poder de decisión sobre los activos involucrados. El Ejecutivo busca mantener sanciones contra quienes participen efectivamente de explotaciones sin autorización argentina, pero reducir el alcance sobre inversores indirectos.

La negociación también incluye modificaciones a las multas y sanciones penales previstas para las actividades alcanzadas por el régimen. El texto reformulado establece penalidades económicas de entre dos y cuatro veces el beneficio indebido obtenido en determinados contratos con empresas sancionadas. Cuando ese monto no pueda calcularse, propone multas equivalentes a entre 2000 y 40.000 barriles de petróleo. Además, reduce de cinco a dos años la pena mínima de prisión contemplada para ciertos proveedores esenciales.