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Juicio por YPF: la Argentina pidió una prórroga de 30 días a la Corte Suprema de Estados Unidos

El Estado nacional solicitó postergar hasta el próximo 2 de diciembre la presentación de su respuesta al recurso de los fondos demandantes. La jugada procesal se da luego de que la jueza Loretta Preska dejara formalmente sin efecto su sentencia inicial de US$16.100 millones, alineándose con el fallo previo de la Cámara de Apelaciones.

Miercoles, 21 de Octubre de 2026

La República Argentina le solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos una prórroga de 30 días en los plazos legales para responder al recurso presentado por los fondos demandantes en el marco del extenso litigio por la estatización de YPF.

Con esta extensión solicitada por la defensa nacional, el nuevo cronograma judicial fija el 2 de diciembre como fecha límite para entregar el escrito de oposición. La novedad fue confirmada en redes sociales por el analista Sebastián Maril, quien recordó que los demandantes también habían pedido una postergación previa en sus presentaciones procesales.

El cierre de la primera instancia

El pedido de prórroga se conoció poco después de que la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, diera por cerrada la etapa de primera instancia y dejara formalmente sin efecto su propia sentencia emitida en 2023, la cual había ordenado al Estado argentino el pago de una indemnización millonaria que ascendía a los US16.100 millones, pero que con intereses superaba los US18.000 millones

La decisión de la magistrada se produce como correlato de la resolución adoptada previamente por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que había revocado la condena contra la Argentina.

Origen y antecedentes del litigio

El conflicto judicial se remonta a la expropiación de la petrolera YPF llevada a cabo en 2012 durante la presidencia de Cristina Kirchner. A raíz de esa medida, antiguos accionistas minoritarios nucleados en Petersen Energía y Eton Park iniciaron demandas en los tribunales norteamericanos, cuyos derechos para litigar fueron adquiridos y financiados por el fondo Burford Capital.

Tras el fallo adverso de 2023 y las sucesivas apelaciones del Estado nacional, el expediente transitó por distintas instancias hasta llegar a la actual revisión en el máximo tribunal estadounidense.