Ante la polémica, el máximo tribunal aceleró los tiempos y convocó a un acuerdo extraordinario para resolver la cautelar solicitada por una asociación ambientalista, dos comunidades indígenas y una legisladora rionegrina
La Corte Suprema de Justicia se reúne hoy de forma extraordinaria para tratar un nuevo caso sobre la ley de tierras. Convocada anoche por su presidente, Horacio Rosatti, la reunión abordará un pedido de medida cautelar que, de concederse, restablecería las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros. Ya existe un proyecto de fallo revisado. Esta decisión revertiría el fallo de la semana pasada, que revocó una sentencia que declaraba inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023 de Javier Milei, el cual derogaba completamente la ley de tierras.
El fallo anterior generó críticas y la amenaza de la oposición de derogar todo el DNU 70/2023 en el Congreso. Una nueva decisión judicial podría desactivar esta iniciativa opositora. Participan en la reunión los jueces Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
El caso a tratar es una "aclaratoria" solicitada por la asociación ambientalista Árbol de Pie, dos comunidades indígenas y la legisladora Magdalena Odarda. Ellos buscan precisar si la sentencia anterior afecta su amparo colectivo, que defiende la ley de tierras.
A diferencia de la semana pasada, los tres jueces de la Corte están divididos, lo que llevó a la convocatoria de los conjueces. Rosenkrantz parece reticente a discutir esta nueva cautelar, mientras que Rosatti y Lorenzetti estarían a favor. Los conjueces Barroetaveña y Pérez Curci fueron sorteados y, ante la urgencia, se acortó el plazo para recusarlos.
Si la Corte decide tratar el amparo colectivo por separado, podría dictar directamente la medida cautelar, una decisión excepcional que constitucionalistas consideran una medida "interina".
El nuevo planteo de Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y Lof Fcta Anecon, y Odarda busca la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto 70/2023. Su amparo colectivo, a diferencia del caso anterior del Cecim (Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata), se basa en la protección ambiental y los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales. La "aclaratoria" fue presentada el mismo día que Rosatti y Lorenzetti emitieron un comunicado indicando que alguien legitimado podría solicitar una medida cautelar si consideraba inconstitucional la regulación actual sobre tierras.
Los conjueces Barroetaveña y Pérez Curci son penalistas con experiencia judicial y no es su primera vez como conjueces. Barroetaveña tiene cercanía con Rosatti, mientras que Pérez Curci es discípulo de Carlos Mahiques. Ambos renunciaron a sus cargos en la AFA en diciembre, tras un pedido de la ACIJ a la Corte para que cesaran las funciones de los jueces en tribunales deportivos por incompatibilidad.