En un contexto que definieron como "particularmente difícil" para el sector de discapacidad, representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) le pidieron este lunes al Gobierno prorrogar la emergencia en el área hasta la sanción y reglamentación de una nueva ley, además de revisar los recortes incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027. 

El planteo fue presentado a través de un documento entregado por los integrantes del Área de Discapacidad de la Comisión Episcopal de Pastoral Social a funcionarios del Ministerio de Salud durante un encuentro celebrado en la cartera sanitaria.

Durante la reunión, la Iglesia advirtió sobre el inminente vencimiento de la emergencia a fin de año. Si bien en la Cámara de Diputados el oficialismo consiguió un dictamen de mayoría para un esquema permanente y la oposición reunió firmas para prorrogarla, desde las autoridades religiosas alertaron que existe "un serio riesgo" de que el proceso legislativo no culmine antes del 31 de diciembre, dejando al sistema sin marco legal con la planificación de 2027 en marcha. 

En esa línea, el texto reconoce mejoras en el proyecto oficial, pero cuestiona que una ley permanente "se apruebe a costa de cerrar anticipadamente la emergencia o de reducir derechos adquiridos", exigiendo además que se consulte a las personas con discapacidad y a sus familias bajo los principios de la Convención internacional.

El documento también enumeró deudas pendientes de la ley vigente, como la falta de aplicación de una compensación por el período 2023-2024 que implicaba un ajuste del 30,67% en los aranceles, la ausencia de estudios de costos y demoras impositivas ante ARCA. Asimismo, subrayaron que hay más de 200.000 trámites de pensiones pendientes frente a menos de 10.000 otorgadas en tres años, remarcando que los retrasos vulneran la autonomía de los beneficiarios. A esto sumaron el rechazo a los artículos 36 a 41 del Presupuesto 2027 por considerar que afectan sustancialmente los derechos del sector y colisionan con la ley vigente.

El escrito concluyó con una apelación a la encíclica Magnifica Humanitas para recordar que el acceso a la salud y a una vida digna no puede quedar supeditado a "variables de ajuste económico". A pesar de la dureza de los reclamos, los referentes eclesiásticos destacaron el clima "respetuoso y constructivo" de la reunión y anunciaron la creación de una mesa de diálogo para canalizar las problemáticas. Del cónclave participaron el secretario general de la CEA, monseñor Raúl Pizarro; Fernando Barilatti, el padre Aníbal Quevedo y María Bayá Casal; mientras que por el Ejecutivo asistieron Roberto Olivieri, Rodrigo Sbarra y Roberto Moro.