La Cámara de Diputados convirtió en ley este miércoles el proyecto del Ejecutivo que adapta la Justicia mendocina a la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, votada por el Congreso Nacional en febrero y vigente desde el 5 de septiembre. La norma modifica más de 100 artículos del Régimen Especial y del Código Procesal Penal y quedó estructurada en seis títulos. Resta ahora su reglamentación por parte del Ejecutivo.

El punto central es la creación de un fuero totalmente especializado, que no existía como tal: Tribunal Penal Juvenil, Juzgado Penal Juvenil, Ministerio Público Fiscal Penal Juvenil y Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, con equipos interdisciplinarios. Cada adolescente tendrá un Proyecto de Reintegración Social y un supervisor especializado designado por el juez, que deberá controlar el cumplimiento de las medidas y elevar informes cada 3 meses como máximo.El procedimiento también cambia los plazos. 

El dólar oficial registró su tercera caída consecutiva 

Economía & Negocios

 El mayorista avanzó 0,6% en septiembre, contra una inflación esperada mayor al 1,7%. El mercado analiza las declaraciones de Caputo, quién aseguró recientemente que no habrá una expansión de pesos y destacó el poder de fuego para contener eventuales presiones cambiarias.

Tras una aprehensión, el adolescente va a una comisaría pero debe ser derivado de inmediato. El fiscal tiene solo 3 horas para decidir si lo reintegra a su familia o lo traslada a la UPANA -Unidad de Procedimientos y Abordaje de la Niñez y Adolescencia-, que ahora tendrá una Jefatura Provincial única con 5 regionales. La permanencia allí es excepcional y no puede superar los 12 días. La imputación debe hacerse en 12 horas, prorrogables por 12 más en casos complejos, y la investigación preparatoria no puede exceder los 12 meses.La privación de libertad queda como último recurso, de carácter provisional y excepcional.

 La ley crea dos estructuras dentro de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil: la Unidad de Privación de Libertad (UPL) y la Unidad de Medidas Alternativas (UMA). Se priorizan mediación, conciliación, reparación del daño, monitoreo electrónico y permanencia domiciliaria. Si hay prisión preventiva, el límite es de 3 meses por período y 18 meses en total, siempre en centros especializados -nunca en cárceles de adultos- con separación obligatoria entre el grupo de 14 a 16 y el de 16 a 17, con educación obligatoria que no puede suspenderse como sanción.

Finalmente, la ley refuerza las garantías: prohíbe difundir cualquier dato que permita identificar a adolescentes involucrados -sean imputados, víctimas o testigos-, incluyendo nombre, imagen o escuela, y habilita a la Justicia a ordenar el borrado de contenidos. Además, si en una causa hay mayores y menores involucrados, solo el fiscal penal juvenil podrá disponer medidas sobre los adolescentes, y cualquier adolescente o su defensa podrá pedir en cualquier momento que un juez revise su situación de encierro.