La ex presidenta Cristina Kirchner formalizó una presentación ante las Naciones Unidas (ONU) para que se revise la Causa Vialidad, proceso judicial por el cual fue condenada a seis años de prisión domiciliaria y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La acción legal fue llevada adelante por sus abogados -Carlos Alberto Beraldi, junto al brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego- ante el Comité de Derechos Humanos del organismo internacional, con sede en Ginebra. Los letrados sostienen que durante el proceso judicial se violaron los derechos fundamentales de la exmandataria y apuntan a que el caso sea tratado en la próxima sesión del Comité, prevista para el mes de octubre.

La sentencia contra Kirchner había quedado firme luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso extraordinario interpuesto por la defensa y ratificara de manera unánime el fallo dictado originalmente por el Tribunal Oral Federal 2.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU está integrado por 18 expertos independientes encargados de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados firmantes.

Si bien las resoluciones que emite este cuerpo no poseen un carácter vinculante directo, suelen tener un fuerte impacto institucional y político en los países involucrados, además de constituir valiosos antecedentes en discusiones jurídicas posteriores.

El núcleo de la presentación ante la ONU se sostiene sobre un nuevo elemento probatorio que el equipo legal dio a conocer recientemente en conferencia de prensa. Según explicó el abogado Carlos Alberto Beraldi, hallaron evidencia determinante en relación con la asignación de fondos a la Dirección Nacional de Vialidad durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner.

De acuerdo con el letrado, si bien el volumen de inversión en obra pública fue elevado, los recursos asignados a las empresas de Lázaro Báez representaron "menos del 1%" del total.

Para la defensa, este dato desarticula la hipótesis central de la acusación: "Ahora se demuestra con una prueba concreta que es falso que se quiso beneficiar a Lázaro Báez", afirmó Beraldi, quien agregó que las firmas del empresario adjudicatario ocupaban posiciones secundarias frente a otras compañías que no tenían vinculación con el gobierno de ese entonces.