El Ejecutivo presentó un recurso ante el juez Martín Cormick para frenar el plazo de cinco días impuesto la semana pasada. Sostiene que los incrementos salariales y las partidas para becas satisfacen el fallo, mientras busca destrabar el conflicto en paralelo a la discusión por el Presupuesto 2027.
El Gobierno nacional apeló la intimación judicial que le otorgaba un plazo de cinco días para cumplir de manera total con la medida cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario, y solicitó que se deje sin efecto la posibilidad de aplicarle multas. La presentación formal fue realizada ante el juzgado del magistrado Martín Cormick, bajo el argumento de que el Poder Ejecutivo ya dio cumplimiento a las obligaciones exigidas por la normativa.
La estrategia procesal elegida por el Estado consta de dos instancias: primero se interpuso un recurso de revocatoria ante el propio Cormick y, en simultáneo, se dejó planteada una apelación en subsidio para que el expediente sea elevado a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en caso de que el juez mantenga su postura.
La respuesta oficial responde a la resolución dictada el 22 de septiembre pasado, en la cual Cormick advirtió que "no existe cumplimiento total" de la cautelar -que se encuentra firme- e intimó al Ejecutivo bajo apercibimiento de aplicarle astreintes (multas económicas) por cada día de demora.
Desde la defensa oficial cuestionaron principalmente que el magistrado no especificara qué parte de la medida considera incumplida, señalando que el Gobierno ya había detallado las acciones adoptadas el 21 de septiembre. La cautelar en cuestión ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, los cuales disponen la actualización de los salarios de docentes y no docentes mediante negociaciones paritarias periódicas y una recomposición de los programas de becas estudiantiles.
En materia salarial, la Casa Rosada argumenta ante la Justicia que los incrementos otorgados desde diciembre de 2023 acumulan un 226,8%, superando el 226,46% de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) contemplado para el período hasta agosto de 2025. No obstante, los gremios universitarios rechazan este cálculo y sostienen que aún hay una recomposición pendiente.
En una entrevista con Le Point, el Presidente llamó "brutos" a los diputados y senadores opositores: "Denles un ábaco para hacer una suma y se van a equivocar". También le dejó una chicana futbolera a Emmanuel Macron.
En cuanto a las becas, el Ministerio de Capital Humano respaldó su postura con documentación sobre la actualización del programa Manuel Belgrano -cuyo monto subió a $187,495 este año-, mientras mantiene una interpretación restrictiva sobre el alcance del resto de los programas comprendidos en el fallo.
El escrito presentado por el Estado también objetó de manera directa la imposición de sanciones pecuniarias contra la administración nacional y requirió que se revoque tanto el apercibimiento como la intimación. Asimismo, la defensa solicitó que, si Cormick rechaza la revocatoria, la apelación subsidiaria sea concedida con efecto suspensivo para evitar que la medida siga ejecutándose mientras la Cámara analiza el fondo del planteo.
La discusión actual no pone en debate la validez de la cautelar original -dictada en diciembre de 2025 y respaldada por la Corte Suprema en junio pasado-, sino la efectividad del cumplimiento presentado por la Casa Rosada mediante resoluciones, actas paritarias y comprobantes de transferencias.
En paralelo a la vía judicial, el Ejecutivo busca encauzar una mesa de negociación con los rectores y los sindicatos en el marco del debate por el Presupuesto 2027. "No vamos a ceder. Queremos negociar y desestimar el fondo judicial, pero no vamos a entregar cualquier cosa", remarcaron fuentes oficiales, con la expectativa de alcanzar un entendimiento integral sobre fondos y salarios que distensione el escenario del litigio. El próximo paso procesal dependerá exclusivamente de la decisión que tome el juez Cormick.