Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, denunció formalmente la participación de Harbour Energy, una empresa petrolera británica con historial de actividades no autorizadas en las Islas Malvinas, como accionista en un megaproyecto gasífero argentino beneficiado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Harbour Energy posee el 15% de Southern Energy, un proyecto de gas natural en Río Negro aprobado por el Poder Ejecutivo.

Ferraro argumenta que Harbour Energy es la misma compañía, antes Premier Oil PLC, inhabilitada en 2013 bajo la Ley 26.659 por exploración de hidrocarburos no autorizada en la plataforma continental argentina. 

Esta denuncia se produce mientras el gobierno endurece las medidas de resguardo soberano a través del Decreto 868/2026, que vincula explícitamente las condiciones de admisibilidad del RIGI con la Ley 26.659. Las empresas que soliciten el RIGI deberán certificar, bajo juramento, que sus socios y accionistas no violan la normativa sobre soberanía hidrocarburífera en Malvinas. 

Además, la autoridad de aplicación del RIGI deberá consultar al Ministerio de Relaciones Exteriores antes de aprobar proyectos. Este mecanismo también se aplicará a los trámites de permisos y concesiones bajo la Ley 17.319. La acusación reabre el debate sobre la efectividad de los controles en el cumplimiento de las leyes de soberanía energética y territorial.