El Ejecutivo nacional puso en marcha un esquema estratégico para blindar el control soberano sobre el mar austral que combinará radares, telecomunicaciones y capacidades de inteligencia de señales (SIGINT) desde la provincia de Tierra del Fuego, con un centro de comando centralizado en la Base Naval Integrada de Ushuaia.

La iniciativa, anunciada por el presidente Javier Milei en su reciente cadena nacional sobre Malvinas, busca superar la mera infraestructura portuaria para erigir un polo logístico y de monitoreo integral. El plan oficial apunta a fusionar en tiempo real los datos aportados por los radares de seguimiento, las emisiones electromagnéticas detectadas por los sistemas SIGINT, la información satelital de la CONAE -con la próxima incorporación del satélite SABIA-Mar prevista para 2027- y los sensores desplegados en el extremo sur.

Para sostener operativamente este despliegue, la Casa Rosada activó un respaldo financiero inmediato a través del DNU 867/2026, que reestructuró partidas para reforzar las áreas de Defensa, Inteligencia y actividades espaciales. La medida incluye una asignación de $117.000 millones adicionales para la CONAE, fondos específicos para la Base Naval Integrada y la Base Antártica Conjunta Petrel, y un refuerzo superior a los $30.000 millones para la SIDE.

En paralelo a la arquitectura tecnológica, el paquete que llegará al Congreso bajo el nombre de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional contemplará modificaciones para agilizar los procedimientos de protección aeroespacial ante aeronaves declaradas hostiles, dotando de mayores garantías jurídicas a las fuerzas. De esta manera, el Gobierno busca dotar al Estado de una capacidad permanente de fiscalización sobre sus recursos críticos y las actividades en la Zona Económica Exclusiva frente al avance de escenarios estratégicos sensibles en el Atlántico Sur.