Un relevamiento de la DAPVE solicitado por la Justicia determinó que el sistema de monitoreo no puede precisar en qué sector o piso de un edificio se encuentra la expresidenta. La medida fue ordenada luego de que una dirigente sindical investigada adquiriera una unidad en el mismo inmueble.
Un informe elaborado por la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) confirmó que la tobillera electrónica que utiliza Cristina Fernández de Kirchner en el marco de su prisión domiciliaria no permite establecer con exactitud en qué sector o planta del edificio de la calle San José 1111 se encuentra la exmandataria.
El relevamiento técnico fue requerido por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, integrante del Tribunal Oral Federal 2 y responsable del control de ejecución de la condena en la causa Vialidad. El magistrado impulsó la medida luego de que trascendiera que María Soledad Calle, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con vínculos con el kirchnerismo e investigada por presunta administración fraudulenta, compró un departamento en el piso inmediatamente inferior al de la expresidenta en agosto de 2025.
Según detalló la DAPVE al tribunal, el mecanismo de control funciona mediante una tobillera que se comunica por radiofrecuencia con una unidad fija ubicada dentro del domicilio, generando una alerta automática únicamente si el dispositivo traspasa la "cerca virtual" perimetral. De forma complementaria, un sistema de GPS incorporado permite rastrear la ubicación geográfica durante traslados externos, aunque el organismo aclaró que dicha tecnología carece de la precisión necesaria para distinguir entre departamentos, pasillos, terrazas o distintos pisos de un mismo edificio.
En el marco de la misma auditoría, el organismo ratificó el registro de las únicas salidas detectadas hacia la terraza del inmueble desde septiembre de 2025: el 9 de marzo de 2026 (de 18:29 a 19:01), el 10 de marzo de 2026 (de 17:26 a 17:44) y el 30 de marzo de 2026 (de 18:04 a 18:14), descartando otros movimientos hacia ese sector. Por último, la Justicia incorporó certificaciones de otra causa tramitada en el Juzgado Federal N°12, concluyendo que no se hallaron elementos de interés para el legajo de ejecución penal.