Sus seguidores preparan un documento con críticas al expediente, que determinó que la pareja de "copitos" actuó por iniciativa propia.
Este 1 de septiembre se cumplen cuatro años del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido frente a su domicilio de Juncal y Uruguay, en Recoleta. A nullcuatro años del ataque, la Justicia ya condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, aunque todavía permanecen abiertos algunos capítulos vinculados con la investigación.
Uno de ellos tiene que ver con el planteo realizado por las fiscales Gabriela Baigún y Mariela Labozzetta, quienes insistieron en incorporar la perspectiva de género y la violencia política como agravantes del hecho.
Durante el juicio, el Tribunal Oral Federal N°6 descartó esos elementos al momento de dictar sentencia. Sin embargo, tras conocerse los fundamentos, las representantes del Ministerio Público presentaron un recurso extraordinario para reclamar penas más altas y la incorporación de los agravantes de alevosía y violencia de género.
El otro punto que continúa en discusión es la denominada "pista Milman", surgida a partir del testimonio de Jorge Abello, quien aseguró haber escuchado una conversación en un bar cercano al Congreso que involucraba al diputado del PRO Gerardo Milman y que habría ocurrido antes del atentado.
Esa línea de investigación fue archivada por la jueza María Eugenia Capuchetti y la decisión fue posteriormente confirmada por la Cámara Federal de Casación. No obstante, los abogados de Cristina Kirchner, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, presentaron una queja y ahora esperan una definición de la Corte Suprema.
La querella sostiene desde el inicio que detrás de Sabag Montiel y Uliarte pudieron existir instigadores, financistas o autores intelectuales que nunca fueron identificados.
En el marco del aniversario, el peronismo prepara una serie de actividades políticas. Está prevista la difusión de un documento firmado por distintos partidos y espacios aliados, con críticas al desarrollo de la investigación judicial.
También se convocó a una concentración frente al domicilio de San José 1111, en Constitución, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.
El juicio oral por el ataque comenzó el 26 de junio de 2024 y se extendió durante más de quince meses. Durante ese período declararon más de 150 testigos y la propia Cristina Kirchner brindó testimonio como víctima.
El 8 de octubre de 2025, el tribunal condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión como autor del intento de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Brenda Uliarte recibió una pena de 8 años como partícipe necesaria.
Tras la unificación con condenas previas, Sabag Montiel quedó con una pena total de 14 años, mientras que Uliarte recibió 8 años y 2 meses.
El tercer acusado, Nicolás Gabriel Carrizo, conocido como el jefe de "Los Copitos", fue absuelto luego de que tanto la fiscalía como la querella desistieran de mantener la acusación en su contra por falta de pruebas.
Los jueces rechazaron aplicar los agravantes de alevosía y violencia de género. Entre sus argumentos señalaron que Cristina Kirchner contaba con custodia policial y estaba rodeada de militantes al momento del ataque, por lo que entendieron que no existía un estado de indefensión.
Las fiscales cuestionaron esa interpretación y reclamaron elevar las penas a 15 años para Sabag Montiel y 14 para Uliarte. Sostuvieron que ninguna custodia podía anticipar una agresión protagonizada por una persona que se acercó simulando ser un simpatizante.
Otra investigación que quedó vinculada lateralmente con el atentado fue la de Revolución Federal, organización integrada por Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra.
La causa también puso bajo análisis el financiamiento recibido por una empresa vinculada a Morel y la participación de Uliarte en una manifestación realizada en Plaza de Mayo. Sin embargo, la investigación no logró acreditar conexiones concretas entre ese grupo y la planificación del ataque.
Cuatro años después, el expediente tiene condenados por la ejecución material, pero mantiene una discusión abierta sobre la posible existencia de una estructura más amplia detrás del atentado.
Para Cristina Kirchner y sus abogados, la falta de pruebas sobre eventuales instigadores o financistas no demuestra que no hayan existido, sino que responde a una investigación que consideran incompleta.
Esa disputa volverá a quedar en el centro de la escena política y judicial durante este nuevo aniversario del ataque.