El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha suspendido definitivamente el proyecto de instalar un gift shop y una cafetería en una bóveda del Cementerio de la Recoleta. La decisión se tomó luego de que el conflicto por el espacio llegara a la Justicia, a raíz de un recurso de amparo.

La iniciativa, que combinaba venta de souvenirs, café para llevar y recorridos nocturnos en uno de los sitios históricos más visitados de la Capital, generó controversia. Detrás del proyecto, surgió una disputa familiar por la titularidad de la bóveda y una deuda de más de $37 millones.

El espacio, de aproximadamente 24,55 metros cuadrados, pertenece históricamente a la familia Girado, quienes afirman haber adquirido el terreno en 1880. La Ciudad había declarado la caducidad de la concesión y recuperado el espacio para su explotación comercial, pero los descendientes cuestionaron el procedimiento, denunciaron irregularidades en las notificaciones y sostuvieron que aún habría restos familiares en el interior.

La deuda, según la administración porteña, asciende a $22.215.070 por mantenimiento entre 2007 y 2026, más $15.587.653 por reparaciones, sumando un total de más de $37,8 millones. Fuentes de la Ciudad afirman haber enviado cartas documento y publicado edictos desde 2025 sin que los propietarios regularizaran la situación. La familia Girado, por su parte, argumenta no haber sido notificada correctamente y presentó un amparo solicitando la nulidad del proceso.

El juez Roberto Gallardo ordenó al Gobierno de la Ciudad abstenerse de declarar la caducidad de la concesión, licitar el terreno o avanzar con un remate público. La medida cautelar suspendió la licitación para la explotación comercial de la bóveda por cinco años. En su resolución, Gallardo cuestionó la transformación de un lugar de recogimiento en un emprendimiento lucrativo.

Ante este escenario, la administración porteña canceló la convocatoria, dejando sin efecto el polémico proyecto. La licitación preveía una concesión por cinco años con un canon mensual de $1.600.000, permitiendo la venta de publicaciones, recuerdos, objetos conmemorativos y productos relacionados con la historia del cementerio, así como café, bebidas y alimentos sencillos para llevar. También se autorizaba la organización de recorridos turísticos nocturnos, por los cuales la concesionaria debía entregar al menos el 20% de los ingresos brutos al Gobierno porteño.

La combinación de café, souvenirs y visitas nocturnas entre mausoleos generó un intenso debate sobre la ética y el valor patrimonial del cementerio.