Una profunda molestia y división atraviesa por estos días a los tribunales federales de Comodoro Py y del fuero Penal Económico a raíz de la resolución de la Cámara de Casación que ordenó trasladar la causa por la compra de una mansión en Pilar a la jurisdicción de Campana, vinculada a una investigación porpresunto lavado de activos en torno a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). 

La medida, adoptada con los votos de Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, derivó el expediente al juez federal González Charvay, una decisión que fue cuestionada por diversos magistrados al considerar que afecta la credibilidad del sistema judicial.

Ante este escenario, el fiscal general de Casación, Mario Villar, se encuentra ultimando los detalles de un recurso extraordinario federal para revertir el fallo. Si dicha solicitud es declarada inadmisible por la misma sala -integrada por Borinsky, Barroetaveña y Alejandro Slokar-, el fiscal planea acudir directamente en queja ante la Corte Suprema de Justicia para que sea el máximo tribunal el que defina qué magistrado debe continuar al frente de la investigación. 

Desde la fiscalía sostienen que la resolución de Casación incurre en arbitrariedad al calificar el lavado de dinero de manera genérica como competencia federal sin ponderar el marco territorial original ni los argumentos expuestos en etapas previas.

Por su parte, Mariano Borinsky defendió la legalidad del fallo en diálogo con la prensa, argumentando que su intervención anterior se limitaba a cuestiones de trámite y que en esta oportunidad se evaluó correctamente el principio constitucional del juez natural, ratificando que el delito investigado corresponde al fuero federal.

Mientras tanto, la causa -que investiga a los integrantes de Real Central SRL por la adquisición de un predio con decenas de vehículos de alta gama y posibles nexos con dirigentes de la AFA- permanece a la espera de las próximas medidas procesales que dicte el magistrado de Campana, en medio de un clima de alta tensión institucional.