Argentina Estrategia

El Gobierno juega otra carta por Aerolíneas y busca evitar un pago de US$390 millones

La Procuración del Tesoro presentará hoy un pedido de revisión ante el tribunal que falló contra la Argentina. 

Miercoles, 19 de Agosto de 2026

El Gobierno nacional resolvió avanzar con una nueva instancia judicial en Estados Unidos para intentar revertir el fallo vinculado a la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. La Procuración del Tesoro tiene previsto presentar este miércoles un pedido de revisión ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, con el objetivo de evitar el pago de más de US$390 millones a Titan Consortium.

La presentación se realizará un día antes de que venza el plazo previsto para recurrir la decisión. El escrito se encontraba en su etapa final de elaboración y la estrategia está encabezada por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, junto a los subprocuradores Santiago Castro Videla, Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira.

El planteo buscará que la propia Cámara vuelva a analizar la resolución con la que el 21 de julio confirmó la sentencia contra el Estado argentino. Durante las últimas semanas, la defensa evaluó la posibilidad de acudir directamente a la Corte Suprema de Estados Unidos, pero finalmente optó por agotar primero esta instancia.

La estrategia, por el momento, no contempla solicitar específicamente la suspensión de la sentencia ni impedir de manera temporal que Titan avance con el cobro. En el Ejecutivo entienden que esa herramienta no sería la más adecuada para esta etapa del expediente, aunque se analiza otra alternativa procesal que todavía no fue definida públicamente.

El objetivo central es mantener abierta la discusión judicial y evitar que quede firme el pago de US$390.907.115,55, a lo que deben sumarse los intereses acumulados desde diciembre de 2024. Titan también pretende avanzar sobre activos argentinos ubicados en Estados Unidos para hacer efectiva la condena.


El origen del conflicto por Aerolíneas Argentinas

El litigio se remonta a la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral al grupo español Marsans en 2008. Luego de la estatización, las empresas accionistas iniciaron un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

En 2017, el organismo condenó a la Argentina a pagar alrededor de US$321 millones, además de intereses y costas. El Estado buscó posteriormente anular ese laudo, pero el planteo fue rechazado en 2019.

Con el paso del tiempo, los derechos económicos derivados del litigio quedaron en manos de Titan Consortium. En 2021, el fondo acudió a la Justicia federal de Washington para solicitar el reconocimiento y la ejecución de la condena. Con los intereses acumulados, el monto reclamado actualmente supera los US$390 millones.

Uno de los principales argumentos de la defensa argentina fue que el reclamo de Titan había prescripto y que correspondía aplicar un plazo de tres años. Sin embargo, los tribunales estadounidenses consideraron que debía regir un período de doce años, lo que permitió mantener vigente la demanda.


La Corte Suprema queda como última alternativa


Con la presentación prevista para este miércoles, la Argentina intentará que la Cámara de Apelaciones revise nuevamente su propia decisión. El pedido podría quedar en manos de los jueces que ya intervinieron o derivar en una revisión más amplia dentro del tribunal.

La elección de este camino también permite prolongar los tiempos judiciales antes de una eventual presentación ante la Corte Suprema estadounidense. Si la Cámara vuelve a fallar en contra del país, el Gobierno conservará la posibilidad de pedirle al máximo tribunal que intervenga, aunque la aceptación del expediente no es automática.

La estrategia forma parte de la política oficial de agotar las distintas instancias disponibles en los litigios relevantes contra el Estado argentino, tanto dentro como fuera del país.

El fallo no recae sobre Aerolíneas Argentinas como compañía, sino sobre el Estado nacional por la expropiación concretada en 2008. Ahora, la atención estará puesta en el pedido de revisión que presentará la Procuración del Tesoro para intentar evitar un desembolso superior a los US$390 millones.