En busca de la verdad
En busca de la verdad
El Ejecutivo también avanza con nuevas alertas, cruces de información y cambios tecnológicos.
El Gobierno profundiza los controles para detectar extranjeros en situación irregular y avanza con una reorganización de la Dirección Nacional de Migraciones que incluye modificaciones legales, operativas y tecnológicas. El esquema contempla procedimientos territoriales junto a fuerzas federales, nuevas herramientas de análisis de información y un refuerzo de las áreas vinculadas con expulsiones.
Migraciones determina las zonas donde se realizan los controles a partir de tareas de campo y análisis sobre lugares con mayor circulación o concentración de ciudadanos extranjeros. Los operativos pueden organizarse previamente o activarse ante un requerimiento y cuentan con la participación de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura o la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Desde Nación sostienen que estos procedimientos federales no requieren una comunicación previa a los gobiernos provinciales. Uno de los últimos operativos de mayor magnitud se desarrolló en Rosario, donde participaron cerca de 60 agentes y fueron controladas unas 420 personas.
Durante ese procedimiento se detectaron ocho extranjeros con irregularidades migratorias. Entre ellos había un ciudadano chino sobre el que pesaba una orden de expulsión. El Gobierno de Santa Fe no había recibido información previa sobre el despliegue.
Las medidas posteriores dependen de cada situación. Cuando una persona tiene vencido su permiso de permanencia o debe completar documentación vinculada con su residencia, Migraciones puede exigirle que regularice su condición. En casos de ingreso ilegal puede iniciarse un procedimiento que derive en la expulsión del país.
Cuando existen causas judiciales pendientes intervienen las fuerzas correspondientes, mientras que ante un requerimiento internacional se activa el circuito judicial previsto para esos casos.
El esquema se apoya en las modificaciones introducidas por el DNU 366/2025, que otorgó a Migraciones facultades para solicitar documentación que acredite la identidad y la situación migratoria de las personas y organizar operativos de inspección y fiscalización.
La normativa también estableció que quienes ingresen al territorio argentino a través de pasos no habilitados o evitando los controles migratorios pueden quedar sujetos a un procedimiento de expulsión. Además, habilitó el rechazo en frontera cuando la irregularidad sea detectada en el momento del ingreso.
La estructura de controles se amplió en junio con la creación del Programa de Seguridad Migratoria. A través de la Resolución 551/2026 se dispuso el trabajo coordinado entre Migraciones, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la PSA.
La medida también estableció la conformación de Unidades de Seguridad Migratoria dentro de cada una de las fuerzas para realizar tareas de prevención, investigación y detección de ilícitos migratorios, además de brindar asistencia a la Dirección Nacional de Migraciones.
Los controles ya se extendieron a distintas provincias. En abril, un operativo conjunto realizado en Aguaray, Salta, permitió controlar a 423 personas y detectar a 15 extranjeros en situación irregular. Posteriormente, las tareas continuaron en Tartagal.
En julio, Gendarmería detectó además en Misiones a cinco ciudadanos chinos que no contaban con registros de ingreso legal al país. Migraciones dispuso posteriormente su salida hacia Brasil.
En paralelo con los procedimientos territoriales, el Ejecutivo reforzó las áreas vinculadas con extranjeros judicializados y expulsiones. Javier Rea, quien estaba al frente de la Dirección de Extranjeros Judicializados, fue designado subdirector nacional de Migraciones desde el 16 de junio.
También se produjeron modificaciones dentro de esa estructura, con cambios en la conducción de las áreas relacionadas con extranjeros judicializados y no detenidos.
Otro de los ejes es la modernización administrativa y tecnológica. Migraciones avanza con el sistema de Recaudación y Conciliación Bancaria, conocido como RECOBA, destinado a centralizar tasas, multas y deudas, automatizar conciliaciones y reducir procedimientos manuales.
Además, en julio el organismo inició una contratación por 36 meses para administrar información API y PNR de pasajeros que ingresan o salen de la Argentina mediante aeropuertos internacionales y terminales de cruceros.
La herramienta se complementará con el Sistema Integral de Captura Migratoria (SICaM), utilizado para los controles migratorios y el cruce de movimientos con información de Interpol y datos anticipados entregados por empresas de transporte.
El Gobierno también creó el Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF), integrado por Migraciones, las cuatro fuerzas federales y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.
Su funcionamiento contempla cruces automatizados de distintas bases de información, entre ellas API-PNR, Interpol y SIFCOP, con el objetivo de generar alertas a partir del análisis de riesgo. Las advertencias deberán identificar el origen de los datos y su grado de confiabilidad.
A su vez, Migraciones estableció que todo su personal deberá firmar un nuevo compromiso de confidencialidad y uso de la información. La disposición alcanza datos personales, movimientos migratorios, antecedentes, medidas judiciales y actuaciones administrativas, y establece que las consultas efectuadas en los sistemas podrán ser registradas y auditadas.
Nuevas causales para impedir ingresos o cancelar residencias
El endurecimiento de la política migratoria sumó además modificaciones legales a través del DNU 681/2026. La normativa incorporó como causal para impedir el ingreso al país o cancelar una residencia que un extranjero haya emitido mensajes de odio o incitado a la violencia contra argentinos por su nacionalidad, o participado en ultrajes contra símbolos patrios.
En el caso de personas que ya cuentan con residencia, la medida puede derivar en una intimación para abandonar el territorio argentino o en una expulsión, según las características de cada caso.
La Casa Rosada busca incorporar esta nueva causal al sistema de alertas que utiliza Migraciones para que los antecedentes puedan aparecer durante los controles de ingreso. El Gobierno todavía deberá establecer quién estará facultado para generar esas alertas, qué evidencia será necesaria y cuál será el mecanismo de validación.
En el Ejecutivo consideran que el fortalecimiento de los controles migratorios tiene una recepción diferente a otras discusiones vinculadas con extranjeros, como ocurrió con la Ley de Tierras. La intención oficial es continuar profundizando esta política durante los próximos meses.
